Policía de la Ciudad, Policía Federal, Policía Metropolitana, Gendarmería, Prefectura. Efectivos uniformados y de civil. Patrulleros y camiones, carros hidrantes, combis. Vallas por todas partes, desde los alrededores del Congreso hasta Casa Rosada, a lo largo de Avenida de Mayo, con un agente cada dos metros a ambos lados de la calle. Tal es la postal en la previa del discurso del presidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, que se espera para las 11.30.
Con 1700 efectivos federales y 300 policías de la Ciudad, además de un inmenso despliegue de Gendarmería, las zonas de Plaza Congreso y Plaza de Mayo amanecieron completamente valladas, sin acceso posible para vehículos. Los colectivos tuvieron que cambiar su recorrido y el Subte A no se detiene en la estación Congreso y finaliza su recorrido en la estación Piedras. En los alrededores, una importante congestión.
Se busca a toda costa evitar manifestaciones en contra de Macri durante su llegada al Congreso y su disertación. Hay al menos dos ya organizadas: una “feria de ciencias” que realizarán científicos y becarios contra el recorte del Conicet, y una marcha convocada por el Frente de Izquierda, junto al Frente Darío Santillán, desde Callao y Corrientes hasta el Congreso. En tanto, el discurso tendrá lugar en medio del creciente conflicto docente.
El jefe del Estado tiene previsto comenzar a las 11.30 su discurso ante la Asamblea Legislativa, que dejará inaugurado el 135° período de sesiones ordinarias del Congreso.
Se espera que reclame que se sancione la ley de responsabilidad penal que castigaría a las empresas que incurran en delitos de corrupción. También hará referencia a su inminente firma de dos decretos para prevenir nuevos conflictos de intereses, tras los escándalos con Correo Argentino y Avianca.
El mensaje durará poco más de media hora, con un balance de su gestión y datos elogiosos sobre sus políticas. También hablará sobre futuras medidas económicas y sobre un nuevo régimen de responsabilidad penal para menores. El oficialismo insiste con el plan de bajar la edad de imputabilidad, pese a que la mesa de asesores que el propio Gobierno convocó se posicionó en contra por abrumadora mayoría.
