A través de la
resolución 154-E/2017 del Ministerio de Defensa publicada el viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno de Mauricio Macri autoriza a personal militar a realizar “informes socio ambientales”, un término que remite al espionaje sobre actores sociales y por lo que hace menos de dos años fue condenado el ex jefe de la Armada, Jorge Godoy.
Según consigna Página|12, el ingeniero y titular de Defensa, Julio César Martínez, ordenó además que se equipe y capacite a los uniformados en el “principio de progresividad en el uso de la fuerza” -para cualquier delito menor que se le impute a cualquier persona que pise un cuartel-, contrario a la esencia de la formación militar, y habilita a los jefes de Ejército, Armada y Fuerza Aérea a asistir jurídicamente a quienes enfrenten procesos por las previsibles derivaciones de la resolución.
“El gobierno parece estar preparando el terreno para profundizar la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos sociales”, advirtió Gastón Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Desde la organización, además, anticiparon que es posible que inicien acciones judiciales dado que la resolución “iría en contra de previsiones legales que establecen que las Fuerzas Armadas no pueden hacer tareas de seguridad interior, ya sea reprimiendo delitos o haciendo inteligencia”.
“Nuestra primera impresión es que el tema es muy grave”, opinó Chillier. “El gobierno parece estar elaborando el marco legal para darle jurisdicción y competencia a las Fuerzas Armadas para volver a hacer tareas de inteligencia sobre actores sociales, como quedó demostrado en el juicio que terminó con la condena a Godoy, que incluía esos mismos informes ‘socio ambientales’”, recordó el director del CELS.
Para habilitar el espionaje interno el gobierno invocó la necesidad de “garantizar la integridad de los establecimientos militares”, que exigiría un “inmediato rediseño de los sistemas de seguridad de las Fuerzas Armadas”, con “nuevos criterios para minimizar y contrarrestar hechos delictivos”.
En el principio número 5 se asegura que “no procederá la realización de tareas de inteligencia o contrainteligencia” para cumplir la resolución, pero en la oración siguiente se abre la puerta para hacer exactamente lo contrario:
“No se considerarán tareas de inteligencia o contrainteligencia la realización de los informes socio ambientales realizados por los organismos de personal (sic) de cada una de las Fuerzas Armadas”, indica. En los escuetos considerandos no hay un solo fundamento de esta excepción.
El argumento para garantizarles abogados del Estado a quienes eventualmente sean imputados ya sea por espionaje o por el uso no-progresivo de la fuerza dice:
“Resulta necesario (sic) proveer el acompañamiento jurídico, el patrocinio y/o la representación en juicio”, es decir una situación similar a la que atravesaron los espías de la base Almirante Zar de Trelew y de toda la cadena de mandos de la Armada denunciada por el CELS y finalmente condenada por hacer inteligencia sobre dirigentes políticos, sindicales, sociales y periodistas.
“La resolución genera dudas y sugiere que pueden estar preparando el terreno para que las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de seguridad interior”, señaló Rossi.
