La diputada del Frente Renovador
Mirta Tundis cuestionó la actitud del Gobierno respecto de la modificación de la Ley de Accidentes Laborales, dispuesta originalmente por decreto.
“El presidente saca un decreto para el tema de las ART que no se justificaba, no entendemos la actitud en algo que daba lo mismo sacarlo en 10 días. ¿Qué se quiere tapar con algo que no era de necesidad y urgencia? Era importante, pero en 10 días no iba a modificar sustancialmente la cosa. Los trabajadores iban a poder esperar para que se solucione su problema”, sostuvo.
Para la diputada massista,
“hay cosas que se quieren tapar con estas medidas como el tema del Correo. El presidente puede que lo desconozca, pero los funcionarios que lo secundan quizás quisieron quedar bien tratando de salvar la deuda al padre del presidente”, arriesgó.
“Quienes traten de defender esta situación diciendo que es un tema judicial y no algo que decide el presidente, hay que aclarar que es un acuerdo entre partes”, señaló a El Fin de la Metáfora, por Radio 10, donde agregó que “por más que digan que son acuerdos judiciales y no tiene que ver el Estado, el Estado sí tiene que ver porque es una de las partes y el que está al mando del Estado es el hijo del presidente de Correo Argentino”.
Para Tundis,
“es algo que debía haberse tratado con cierto tacto dándole lugar a las instituciones. Había que tapar una cosa y sacar una sesión extraordinaria, pero no era de necesidad y urgencia”.
En la semana, Tundis y otros diputados de la oposición se reunieron con el titular de la ANSeS.
“Cuando nos reunimos con Emilio Basavilbaso nos trataban de explicar que era algo netamente matemático”, dijo, y con relación a una vuelta atrás oficial, señaló que “fue un compromiso verbal, pero sin ningún papel. Queríamos hechos que recién se concretaron por la tarde cuando el Presidente anunció que daba marcha atrás”.
“Son excelentes empresarios, piensan que los objetivos son resultados para los directivos de la empresa y si alguien se equivoca, los despiden. Ellos toman el Estado como una empresa, y es al revés. Los objetivos no tienen que ser para los funcionarios sino para los ciudadanos”, apuntó, para agregar luego que “no se pueden poner a opinar de seguridad social cuando no conocen la ley ni la realidad de los trabajadores”.
