El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Carlos Mocoroa, fue el funcionario que aprobó el
acuerdo entre el Gobierno nacional y la empresa Correo Argentino S.A., del empresario Franco Macri.
En defensa del pacto que una fiscal consideró “abusivo”, Mocoroa aseguró "a (Franco) Macro no se le perdonó un mango, ni siquiera los intereses".
El letrado informó que la empresa que manejó el Correo durante los años ‘90 se presentó en concurso de acreedores en 2001, porque no podía afrontar sus deudas. En ese momento el pasivo con el Estado ascendía a $296 millones. Luego de 15 años, tras la asunción de Cambiemos, el Poder Ejecutivo inició una transacción que se cerró $600 millones.
“Nos caracterizamos por no haber hecho ninguna excepción ni tener en cuenta los nombres de las empresas”, aseguró Mocoroa, tras la difusión del acuerdo Macri-Macri, entre el Gobierno y la empresa de la familia presidencial.
"Lo que hay que tener en cuenta es que la ley de concursos y quiebras lo que prevé es que la acreencia no genera intereses. Lo que se debe es un monto generalizado. Y muchas veces, para arribar a acuerdos, se establecen planes de pagos. Y esos planes sí llevan intereses", especificó Mocoroa, en diálogo con Radio Nacional.
Sin embargo,
de acuerdo a la representante del Ministerio Público Gabriela Boquín, el entendimiento es "abusivo" porque implicaría una "condonación de la deuda" por más de $4.277 millones a valor presente, con una proyección de llegar a los 70 mil millones en 2033 (cuando concluiría el pago). En este caso la quita equivaldría a más del 98 por ciento. La postura del Gobierno, defendida por Mocoroa, es que el pasivo se había congelado y se licuó primero por el final de la convertibilidad y luego por la inflación.
“La deuda verificada asciende a 600 millones de pesos”, resaltó el funcionario. Y subrayó que “el Grupo Macri paga el 100% del capital verificado y no hay quita”. Cuestionó que el planteo que realiza la fiscalía “no tiene asidero jurídico” porque “plantea intereses desde el 2001”. Mocoroa dijo en este punto que no se puede hacer ese cálculo ya que al ingresar al concurso preventivo “se detiene la acumulación de intereses”. Por otra parte aclaró que la deuda original es de 296 millones de pesos y no de dólares, aunque regía entonces una moneda convertible.
El dictamen de la fiscal Boquín, que sacó a la luz el escandaloso acuerdo, no es vinculante. Ahora los jueces deberán analizar si aceptan la propuesta de acuerdo entre el Estado y la sociedad anónima o lo impugnan.
