En la primera jornada tras el final de la feria judicial,
el fiscal Federico Delgado presentó un dictamen ante el juzgado del juez Sebastián Casanello en el marco de la causa "Panama Papers", para que se investigue al padre del Presidente, Franco Macri, por presunto lavado de dinero. Se da en el marco de la causa en la que se evalúa si el jefe de Estado cometió “omisión maliciosa” en su declaración jurada.
El planteo de Delgado resalta que el propio
Macri padre reconoció en el expediente que pagó nueve millones y medio de dólares, cuyo origen es materia de investigación y con los cuales Fleg Trading se hizo del 99 por ciento de las acciones de Owners do Brasil. Se trata de una empresa offshore radicada en Bahamas, gestada desde el estudio panameño de abogados Mossack & Fonseca.
Mauricio Macri fue director de esa firma, pero nunca la declaró entre 1998 y 2009, aún ocupando la jefatura de Gobierno porteña. En su resumen sobre el avance de la causa, Delgado destaca en el dictamen que “el camino recorrido nos permite sacar una primera conclusión:
Mauricio Macri fue un actor dentro de un conglomerado empresario cuyas sociedades conduce su padre. Y la omisión de consignar datos existió formalmente, pero se inscribe en un escenario que también es más complejo”. Además, el fiscal advierte que “por los rasgos de una investigación que envuelve al Señor Presidente de la Nación en ejercicio y a algunos de sus familiares. Esta investigación debe terminar en un lapso breve”.
Delgado se refiere también a las “limitaciones” que se encontró durante la investigación, especialmente en cuanto a que los pedidos de información remitidos al exterior no fueron respondidos. Asimismo, señala que los investigados recién comenzaron a colaborar a fin del año pasado, cuando Macri padre contestó la solicitud de información y reconoció el pago de más de nueve millones de dólares, cuyo origen debe dilucidarse.
“Algunas de sus afirmaciones carecen de respaldo documental, otras no y deben ser chequeadas. Por ejemplo, y esto es decisivo, obtener informes bancarios sobre los $9.500.000 de pesos dólares que se debitaron desde su cuenta para comprar las acciones de Owners, compararlos con otras fechas de los hechos, ya que su resultado podría resignificar el camino del expediente”, subrayó Delgado.
El fiscal también atribuyó las “limitaciones” en la investigación al rol del Poder Ejecutivo y en particular a la Unidad de Investigación Financiera.
“Los jueces y fiscales no pueden acceder por si a información del exterior. Sólo pueden hacerlo a través del Poder Ejecutivo. Tampoco pueden obtener información de carácter financiero. Para eso está la Unidad de Investigación Financiera”, reclamó. “Es obvio que sabemos de la distinción entre el Estado y el gobierno. Lo que en realidad señalamos es que es necesaria mayor proactividad. El trabajo de esas dependencias no se puede limitar al intercambio de notas. Y si debajo de esas notas hay más trabajo, es preciso que lo expliquen. De lo contrario el expediente se llena de papeles pero no avanza”, cuestionó, al tiempo que reclamó pericias de pronta resolución.
