El Gobierno ya ejecutó el más del 80 por ciento del Presupuesto nacional y casi el 30 por ciento de los programas cuenta con una ejecución inferior al 70 por ciento. Los recortes presupuestarios durante el primer año de gestión golpearon duramente a áreas sensibles, que se vieron desfinanciadas, cerraron programas y despidieron trabajadores.
En el área de Educación, la “revolución educativa” de la que hablaba el ministro Esteban Bullrich a principio de año parece implicar un área con menos inversión y más recortes. Sobre el presupuesto del 2016,
el ministerio de Educación tuvo un gasto nulo para el fortalecimiento edilicio de establecimientos educativos. Otras de las áreas en las que las subejecuciones fueron muy notorias, son: Mejoramiento de la Calidad Educativa (4,08%) como así también la Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (15,02%)
Para 2016 se había previsto distribuir 5 millones de libros pero no se compraron ejemplares. El Gobierno de Mauricio Macri informó además que se decidió no comprar más literatura para las escuelas secundarias, por considerar que “habían muchos libros pero se leía poco”. El 2016 cerró con la menor compra de libros de los últimos cinco años destinados a la escuela pública.
Educación no fue el único área golpeada por las políticas de recorte, en Cultura se eliminaron programas de acceso a la cultura, como "consolidación territorial de políticas culturales", "fomento y ampliación de derechos y de la cultura popular", "acceso igualitario, desarrollo y promoción de los derechos culturales" y "difusión de las manifestaciones político-culturales".
Salud achicó el presupuesto al programa "atención de la madre y el niño", que pasa de $ 4000 millones a $ 2000 millones, y "atención sanitaria en el territorio", que reduce su presupuesto de $ 439 millones en 2016 a $ 258 millones en 2017; según publicó el diario La Nación en una nota el 24 de octubre pasado.
En materia de derechos humanos se recortaron diversos programas: el de "promoción y defensa de los derechos humanos" pasó de $ 717 millones a $ 607 millones; el de "fortalecimiento de procesos judiciales contra delitos de lesa humanidad", de $ 23 millones a $ 12 millones, y el de "formación universitaria en derechos humanos", de $ 98 millones a $ 23 millones.
