Foto: Ministerio Público Fiscal.
Un pabellón de una cuadra de largo, con un pasillo central y cuartos divididos con paredes de durlock y puertas. Afuera, un perímetro de alambre, sin el doble vallado característico de una unidad carcelaria. Y una entrada compartida con las instalaciones del Ejército, por donde permanentemente ingresa y sale personal militar. Así es el predio de Campo de Mayo que volvió a utilizarse para alojar a genocidas condenados, pese al repudio de querellas y organismos de derechos humanos, preocupados por los bajos niveles de seguridad y los privilegios.
Los penitenciarios, demasiado pocos según los fiscales que recorrieron el espacio, no hablan de celdas sino de “habitaciones”.
“Nos llamó la atención que la unidad no tienen una entrada independiente de la del Ejército. Hay que atravesar el predio militar para entrar. Si bien los controles son del Servicio Penitenciario Federal (SPF), está dentro del predio militar. Desde el punto de vista del vallado que tienen todas las cárceles, tiene un alambrado muy sencillo, no tienen una doble estructura de valla”, describió la fiscal de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos, Ángeles Ramos, en diálogo con
Política Argentina. Y agregó:
“No vimos en la visita que hubiera cámaras externas ni internas. Hay poco personal penitenciario. Hay personal militar que entra y sale de la unidad permanentemente. Hay una injerencia permanente de las fuerzas militares”.
La semana pasada Ramos realizó una inspección de las instalaciones de Campo de Mayo junto a los fiscales generales Jorge Auat y Alejandro Alagia y la coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Carolina Varsky. “No hay celdas, según la conformación que uno tiene de una celda. Es de una cuadra el pabellón, con un pasillo central y divisiones de durlock y puertas. Eso también nos llamó la atención. El personal habla de habitaciones, no de celdas”, resaltó la fiscal.
La Unidad 34 de Campo de Mayo tiene campo de deportes, canchas de vóley y de fútbol y quincho. Se dejó de usar como cárcel en 2013, tras la fuga de dos militares del Hospital Militar Cosme Argerich, por el riesgo de evasiones y las condiciones deficitarias de seguridad.
El pasado 1º de diciembre el director nacional del SPF, Emilio Blanco, firmó la Resolución 2004 que volvió a habilitar la prisión militar para recibir a represores. En menos de un mes, ya fueron trasladados 54 genocidas. Según algunos de los querellantes, su llegada habría sido acelerada para que pasaran allí las fiestas, con más comodidades y privilegios que en los penales de Marcos Paz o Ezeiza.
“Nos presentamos ante los diversos jueces que los tienen a cargo para que se revierta el traslado, porque es una decisión inconsulta. La tomó el SPF como algo administrativo, pero lo trasciende por cuestiones de inseguridad, de defectos de implementación de sanidad”, advirtió Ramos. Y explicó que la Resolución 2004 “se apoya principalmente en la necesidad de contar con las otras unidades carcelarias para cumplir con la Ley de Flagrancia. Necesitan cupos, la justificación es esa”. El argumento por el cual se trasladó a los presos por delitos de lesa humanidad y no a otros fue su elevada edad y la necesidad de mayor atención médica. Sin embargo
“no trasladaron sólo a mayores de 70 años y, en cuanto a la asistencia médica, sólo hay una sala de enfermería”.
Ante los múltiples pedidos presentados por querellas y fiscalías, los tribunales deberán resolver dónde tienen que estar alojados los detenidos bajo su órbita. En caso de no revertir los traslados a Campo de Mayo, las presentaciones podrían llegar a Casación.
