La comisión de Educación de la Cámara de Diputados solicitó a los rectores de todas las universidades públicas del país que informen la cantidad de alumnos extranjeros que cursan, en qué carreras lo hacen y de qué países provienen. Nunca fue explicitado el motivo para pedir esa información. Según publicó PáginaI12, el diputado del PRO y presidente de la comisión, Eduardo Amadeo, es uno de los impulsores de la medida, quien se limitó a decir:
“Queremos saber a quién le ponemos la plata”.
Se trata de un proyecto de resolución despachado por la comisión de Educación impulsado por los legisladores Amadeo y Gisela Scaglia (Unión Pro) y estuvo acompañado por la mayoría de los diputados; los integrantes del FpV y la diputada de Proyecto Sur-Unen se opusieron.
“Nos interesa saber cuántos extranjeros hay en las universidades. No tenemos ningún cuchillo bajo el poncho”, sostuvo Amadeo sobre el pedido realizado. Y dijo que quieren saber:
“Tenemos derechos a saber y por eso hacemos el pedido. Es información que no está consolidada, no figura en los listados habituales de informes que nos interesan. Asignamos recursos y queremos saber cuánta plata se gasta en la educación pública”. Remarcó, además, que
“ponemos plata en el presupuesto para los diversos niveles y queremos saber a quién le ponemos la plata”.
La razón del pedido responde, según explicaron, a que en “numerosos informes periodísticos” se refieren al número importante de estudiantes que cursan carreras de grado y posgrado en las universidades públicas, y resaltaron que eso se debe a la “gratuidad” del sistema y a las “generosas políticas migratorias”.
Cinco son los puntos sobre los que se solicitan información a los rectores: el número de estudiantes extranjeros que cursan carreras de grado y posgrado en las universidades públicas; si dichas carreras poseen algún tipo de arancel; países de los que provienen los estudiantes; en qué facultades y carreras cursan y su perfomance académica.
Al respecto, expresaron su preocupación los rectores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). Ambos advirtieron sobre el posible corte “discriminador” y “xenófobo” que podría llegar a tener el pedido.
“Si la consulta quiere ser utilizada con fines pequeños, mezquinos, es una pérdida, no una ganancia. Si es para decir nos cuesta mucho dinero, es una mirada de cortísimo plazo”, remarcó Ernesto Villanueva, de la UNAJ.
En tanto, la Ley de Migraciones 25.871 del año 2004, que reconoce a la migración como un derecho, en su artículo 4 expresa que “el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.
