La jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, prohibió salir del país sin previa autorización al ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, que está imputado por supuesta administración fraudulenta mediante la utilización de facturas apócrifas durante 2014 y 2015. Además,
le dictó una inhibición de bienes por 15 millones de pesos.
Según la agencia DyN, la orden recayó también contra el ex Subsecretario Administrativo de Pérez, Walter Carbone; la ex Directora General de Administración, Sandra Mamberti; y las ex contadoras de esa cartera, Mónica Ripamonti y Alejandra Tavelli.
Todos fueron inhibidos por la misma suma que el ex funcionario bonaerense, y no podrán salir del país sin autorización judicial, según señala la resolución de Garmendia, que había sido solicitada por el fiscal del caso Álvaro Garganta la semana pasada.
Curiosamente,
la jueza sostuvo en su fallo que "discrepa" con los argumentos esgrimidos por el fiscal, que sostuvo que no había riesgos procesales para implementar una medida de restricción a la libertad.
Garganta, en una causa caratulada como peculado en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público,
sostuvo que la colaboración prestada por los imputados y sus abogados no da indicios de una posible fuga o entorpecimiento de la investigación.
Sin embargo,
la jueza estimó que la denuncia de una empleada del Tribunal de Cuentas sobre la desaparición de información sensible de su computadora es una prueba de que el entorpecimiento en la investigación resulta posible.
"Al momento de merituar los peligros procesales, como Juez de Garantías debo tener en cuenta no solo el quantum o la magnitud de la pena en expectativa de los delitos que se le endilgan a los imputados de autos, sino también las condiciones personales, así como también la situación socio-económico de los causantes, por lo que estimo cuentan con las facilidades necesarias para abandonar el país o permanecer ocultos por el tiempo que dure el proceso", consideró.
Garganta imputó a Pérez y a Carbone porque considera que "existen elementos suficientes para tener por acreditado que entre 2014 y 2015 sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos que luego rendían con facturas apócrifas".
En su declaración ante el fiscal, Pérez negó su participación en el hecho y aseguró que "no tenía la potestad ni la capacidad" para determinar si esos comprobantes eran falsos "ya que daba por hecho que eso lo observaban los funcionarios competentes".
