Casi una semana después del trágico miércoles negro que Cambiemos tuvo en el Congreso con el fracaso en el intento de poner el proyecto de ley de participación público-privada (PPP) en materia de obra pública sobre tablas,
ahora el oficialismo negoció con el Frente Renovador de Sergio Massa y el Bloque Justicialista de Diego Bossio y consiguió obtener dictamen de mayoría en comisión.
De esta manera,
la iniciativa -fundamental para el Gobierno de Mauricio Macri en su búsqueda de inversiones que no llegan para ejecutar la obra pública prometida y que aún no arranca- será tratada en la Cámara de Diputados por segunda vez a partir de este miércoles.
El miércoles pasado, Cambiemos fracasó en su intento por aprobarlo -para devolverlo con cambios al Senado-, dado que el Frente para la Victoria, parte del massismo y otros bloques menores votaron en contra.
Sin embargo, tras haber negociado con el
FR y el peronismo del
BJ, el macrismo alcanzó el dictamen para llevar el proyecto de PPP al recinto y,
con al menos el favor de una proporción de los legisladores de esos espacios, cree tener los votos necesarios para aprobar la iniciativa.
Del otro lado, la oposición encabezada por el Frente para la Victoria, integrantes del interbloque FAP (Margarita Stolbizer, el socialismo y Libres del Sur) y el FIT volvería a rechazar el proyecto.
En una reunión de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo anunció modificaciones al dictamen original que habían intentado aprobar en la sesión fallida, pero
el FpV insistió en rechazar la iniciativa y firmó un dictamen de minoría, señalando que se sigue otorgando amplias facultades al Ejecutivo para otorgar obras públicas y con menores controles.
Al iniciarse la reunión, el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (PRO), aseguró que tras los cambios acordados con el massismo y el bloque Justicialista, el proyecto será devuelto al Senado en segunda revisión para que apruebe las modificaciones.
"El proyecto ha mejorado muchísimo en el ámbito de los controles del Estado, de asegurar a las pymes y la industria nacional y los controles para operaciones de este tipo", aseguró.
El diputado macrista Luciano Laspina confirmó que aceptaron el pedido formulado por el legislador massista Ignacio de Mendiguren de elevar el piso a la participación nacional en los contratos de PPP a un 33%, por encima del 25% fijado originalmente.
El legislador confirmó que se establecerán "preferencias" en los "procesos licitatorios" para sectores de la industria nacional, dada la "preocupación" que transmitió la cúpula de la CGT.
En este punto,
la diputada Carolina Gaillard aclaró que la CGT -que junto a algunos legisladores se reunió al mediodía en el despacho del presidente de la Cámara, el macrista Emilio Monzó- había manifestado la necesidad de fijar un 50% de componente nacional en los contratos de PPP y no un 33%, como quedó establecido en el dictamen.
El texto al que se llegó con el consenso del massismo estipula un agregado de "Compre Trabajo Argentino", así como la constitución de una comisión bicameral de seguimiento de los contratos que se efectúen bajo el régimen de PPP.
También se incorporaron al dictamen los "deberes" que contraerá la parte contratante, como la responsabilidad de fomentar proyectos vinculados al cuidado del medioambiente.
Por pedido del Bloque Justicialista de Bossio, se incorporaron pautas para que en la selección de contratistas del Estado se priorice a las empresas nacionales por sobre las extranjeras. A su vez, se agregó el requisito de que el Poder Ejecutivo deberá informar el impacto fiscal de los contratos e incluirlos en el Presupuesto. En este marco, se fijó un tope del 5% del presupuesto para la realización de contratos bajo este régimen PPP.
El diputado por el FpV Axel Kicillof criticó el dictamen de mayoría y advirtió que con esa redacción se "habilita a que un tercio de la obra pública se haga por afuera de la normativa vigente". Tras afirmar que la normativa busca convalidar un "Estado Bobo" que transfiere facultades a los privados, denunció que el proyecto "está escrito por algún estudio de abogados que trabaja con esos proveedores".
