Un ciudadano paraguayo y vecino de la Villa 31 fue detenido por Gendarmería y deportado en el acto porque no tenía su DNI, que se encuentra en trámite judicializado. Su familia desconoció su paradero y denunció su desaparición. Recién cuando lo dejaron en Ciudad del Este pudo avisar a su casa. Intentó luego volver al país, para reencontrarse con su mujer e hijos, pero fue rechazado pese a que rige una orden judicial por el cese inmediato de la prohibición de ingreso.
Por todo esto, el director nacional de Migraciones, Horacio García, fue intimado para que en forma “urgente” permita el reingreso al país de Rigoberto Bernal. El hombre fue padre de mellizos en medio del trajín de la detención y deportación, pero aún no pudo conocerlos. La nueva política migratoria del Gobierno se lo impidió.
La detención de Bernal se produjo el 28 de julio, cuando iba a comprar medicamentos en Retiro para su mujer embarazada. Los gendarmes lo demoraron porque en sus registros figuraba que sobre él pesaba una orden de expulsión del país, según un expediente abierto en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Se basaba en una condena que había recibido Bernal en 2008 a dos años y medio por tenencia de estupefacientes. La pena fue cumplida, pero Migraciones dispuso la expulsión por cinco años. Esa medida fue recurrida y está suspendida por la Cámara Federal de Apelaciones. Pese a esto,
los gendarmes depositaron a Bernal en una celda de la DNM en Retiro. Al día siguiente, sin que pudiera siguiera avisarle a su mujer, fue trasladado fuera del país.
Recién pudo alertar a su pareja cuando llegó a Ciudad del Este. Luego intentó reingresar a Argentina varias veces, para reencontrarse con su mujer e hijos, pero fue rechazado. Su familia volvió a perderle el rastro y temió que hubiera sido nuevamente detenido, de forma ilegal. Por eso, se presentó un hábeas corpus el 24 de octubre. Finalmente, fue localizado internado en un hospital de Brasil, porque se había descompensado.
“Estuvo desaparecido para su familia y se interpuso un hábeas corpus. El juez ordenó levantar el impedimento para que esté en el país, pero por alguna razón que no es legal el Director de Migraciones no lo levantó”, dijo a
Política Argentina Julián Axat, titular del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia (Atajo), a cuya sede de la Villa 31 llegó la esposa de Bernal cuando su compañero estaba desaparecido.
“Migraciones apeló la orden judicial.
Los nuevos criterios apuntan a sostener estas deportaciones –advirtió Axat- Pero hasta que la Cámara se expida tienen que levantar el registro. Si hoy no lo levantan, voy a denunciar penalmente al director de Migraciones”. García fue intimado a cumplir la orden judicial en 48 horas. El plazo vence mañana. Si continúa incumpliendo, será denunciado penalmente.
El titular de Atajo destacó además que no se trata de un hecho aislado y que hay situaciones similares también en otras provincias. El caso de Bernal se enmarca en un cambio de paradigma en la política migratoria de la gestión Cambiemos, que en septiembre anunció la creación de un
centro de detención de migrantes indocumentados, algo que generó fuerte repudio de parte de organismos de como el Centro de Estudios Legales y Sociales y Amnistía Internacional.
