La habilitación de las patentes de medicamentos en Argentina es un reclamo que hace años sostienen las empresas extranjeras del sector farmacéutico. Según denuncian los laboratorios nacionales, el Gobierno se encamina a favorecerlas, en detrimento de la industria local.
Las firmas argentinas se preparan para dar batalla, incluso llevando el tema a la Justicia.
El desencadenante de la discusión fue la Resolución N° 56 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que da vía libre a que los estudios realizados por oficinas de patentes de otros países puedan ser considerados a la hora de otorgar o no un pedido en la Argentina.
Según publicó el diario La Nación, desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), plantearon que la norma del INPI
"vulnera principios contemplados en seis leyes, y además va a permitir 'importar' patentes extranjeras subordinando la soberanía sanitaria y científica nacional en favor de intereses económicos de otros países".
La cámara podría presentar un amparo para frenar la implementación de la resolución e incluso analiza denunciar a Dámaso Pardo, titular del INPI-. Pardo es abogado y fue miembro hasta mediados de este año del estudio Pagbam -Pérez Alati, Grondona, Benites, Arnsten & Martínez de Hoz (h)-, que asesora a empresas transnacionales en materia de propiedad intelectual. Junto a su segundo, José Alfredo Martínez de Hoz -hijo del ex ministro de Economía de la dictadura-, fueron denunciados por el Observatorio Sudamericano de Patentes por incompatibilidad de funciones.
Como informó este portal,
ya hubo denuncias sobre la política de patentes del Gobierno. La Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), que trabaja para que pacientes con VIH/SIDA y Hepatitis C tengan acceso a sus medicamentos, denunció que INPI favorece a una empresa estadounidense que pretende obtener la patente de un remedio contra la Hepatitis C.
La norma que ahora quedó en el medio de la polémica "favorece a los monopolios extranjeros y provocará un aumento de los precios de los medicamentos, con el consiguiente impacto sobre los presupuestos familiares y de los sistemas de salud públicos y privados", advierten los laboratorios locales. De todos modos, desde el Ministerio de Producción informaron a La Nación que no habría marcha atrás con la resolución.
