Una multitud copó los alrededores de los tribunales cordobeses y aplaudió las sentencias a cada uno de los imputados en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de Córdoba:
28 represores fueron condenados a prisión perpetua. Además, hubo cinco absoluciones y el resto de los 43 imputados obtuvo penas de hasta 21 años. En un fallo histórico, se juzgaban crímenes contra más de 700 víctimas en uno de los centros clandestinos de detención más grandes del país.
Entre los condenados a perpetua se encontraban algunos de los represores más emblemáticos del genocidio, como Luciano Benjamín Menéndez, quien ya acumula 12 veredictos de ese tenor. El tribunal lo encontró culpable de 52 homicidios, 260 secuestros y 656 casos de torturas, y del robo del nieto de Sonia Torres –presidenta de Abuelas en Córdoba y presente en la sala-, en la primera condena por apropiación de bebés en Córdoba.
También obtuvo la pena a perpetua Enrique “Nabo” Barreiro, jefe de los torturadores e impune hasta ahora. Provocador, había dicho durante los alegatos que “tarde o temprano nos verán a nosotros desfilar orgullosos junto al pueblo de nuestra querida Patria”. Su par en la coordinación de los centros clandestinos La Perla y La Ribera, el ex capitán del Ejército Héctor Pedro Vergez, también recibió la pena máxima por parte del El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba.
La lectura de la sentencia por parte del presidente del tribunal, Jaime Díaz Gavier, comenzó antes del mediodía y se extendió por casi dos horas.
La sala de audiencias estaba colmada y una multitud se concentró afuera: se estimaba que eran unas diez mil personas. Referentes de los organismos de Derechos Humanos de todo el país viajaron para escuchar la histórica sentencia. Entre ellas la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien antes de ingresar tuvo un cruce con la defensora de genocidas Cecilia Pando.
La sentencia -cuyos fundamentos se leerán el 4 de octubre- llegó después de casi cuatro años de juicio. En el proceso, se recibieron cerca de 600 testimonios durante más de mil horas de audiencia. Los fiscales acusaron por los delitos de privación ilegítima de la libertad, privación agravada, tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, robo calificado, secuestro, violación agravada, homicidio calificado y sustracción de un menor.
Hubo 716 víctimas involucradas, de las que 279 están desaparecidas. En 71 casos se recuperaron e identificaron los restos.
