Cambiemos en la UBA busca hacer honor al nombre de la alianza:
el espacio radical-PRO de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires pretende que el ex juez de Cámara durante la última dictadura cívico-militar y abogado de genocidas Miguel Ángel Almeyra sea premiado con el cargo de Profesor Consulto, y que Adrián Goldin, recordado por haber creado la "Ley Banelco" durante el gobierno de la Alianza, se convierta en Emérito.
Almeyra ya
gozaba de este reconocimiento hasta 2013, oportunidad en que el Consejo Directivo se negó a renovar el nombramiento. Ahora buscan reactivarlo y ya tiene la aprobación de Comisión.
Ahora, con la versión UBA Derecho del frente Cambiemos a la cabeza, la Facultad de Derecho busca designarlo Profesor Consulto, cargo reservado para que los profesores continúen dando clases aún luego de su jubilación.
El reconocimiento fue a propuesta del espacio radical-pro de la Facultad, al cual responden tanto la decana Mónica Pinto como el Centro de Estudiantes que conduce Franja Morada. El único voto en contra de la moción fue del consejero directivo por el claustro de graduados, Sebastián Rey, perteneciente al espacio kirchnerista.
Designado juez de Cámara por la Junta Militar, Almeyra fue uno de los magistrados que suspendieron a Carmen Argibay cuando estuvo detenida durante el Golpe de Estado. Llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en abril de 1976 y poco después tomó la decisión, firmada en “acuerdo secreto”, de cesantear a la ex jueza de la Corte Suprema quien se encontraba a disposición del Poder Ejecutivo.
El historial dictatorial de Almeyra no culmina allí:
fue abogado de Eduardo Aguirre Obarrio, ministro de Defensa del General Alejandro Lanusse. Aguirre Obarrio fue acusado por el fusilamiento de Trelew en agosto de 1972.
También defendió al General retirado Juan Carlos Trimarco, interventor de la provincia de Entre Ríos en 1976 y vinculado con el funcionamiento de una maternidad clandestina en Paraná.
Según una denuncia del
CELS, además,
existen pruebas de la relación entre los integrantes de la Cámara penal de Capital Federal y la utilización de la Morgue Judicial por la dictadura militar para procedimientos vinculados con la desaparición de personas.
Esta iniciativa se suma a la publicación, la semana pasada, de un
Manifiesto en defensa de los represores condenados por delitos de lesa humanidad, firmado por profesores de esta casa de altos estudios. En dicho escrito, los juristas y docentes se
refieren al juzgamiento del terrorismo de Estado como “instrumentalización política del odio y la venganza” y hablan de zanjar “la grieta” que estos generan.
Por su parte,
el mismo Consejo Directivo de la Facultad pretende designar Profesor Emérito a Adrián Goldín, autor de la “Ley Banelco”. El cargo de “emérito” está reservado para docentes de una reconocida trayectoria y es uno de los títulos más altos que otorga la Facultad. Dicho nombramiento se vio frustrado por la oposición del consejero kirchnerista, ya que se requiere unanimidad, y ahora buscan obtener la aprobación en el Consejo Superior de la Universidad.
