El fuerte incremento de tarifas generó el descontento de la población y una gran cantidad medidas cautelares a favor de los usuarios. Sin embargo, ahora le toca a la Corte Suprema de Justicia expresar la palabra final sobre el tema, aunque se espera que su postura recién se conozca a fines de agosto o septiembre.
Según informa la periodista Irina Hauser, en Página 12, lo más probable es que los jueces supremos intenten saldar la discusión judicial utilizando el expediente de La Plata, donde
la Cámara Federal cuestionó la falta de audiencia pública como paso previo al incremento de la tarifas y anuló las resoluciones que la fijaban.
Otro de los argumentos puede ser el utilizado
en un fallo de Córdoba, donde una medida cautelar suspendió el tarifazo argumentando que "toda tarifa que excluye a ciertos usuarios del servicio deja de ser razonable".
Es por eso que la Corte analizará dos puntos: si se cumplió con el mecanismo de participación ciudadana establecido por la Constitución, que en el caso del gas es la audiencia pública, y si el aumento de tarifas es razonable.
No obstante, no fallarán hasta no recibir el informe que le pidieron al Ministerio de Energía y al Enargas, el cual según los plazos judiciales deberá presentarse en la segunda semana de agosto. Allí, deberán argumentar qué criterios se utilizaron para diseñar las nuevas tarifas y cuántos usuarios son alcanzados por la tarifa social.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo informó al juez de La Plata Alberto Recondo que las empresas tienen prohibido por nota oficial facturar con aumento. La decisión se adoptó luego de que el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad pidiera que se suspendiera el tope de aumento del 400% ya que tampoco se había hecho audiencia pública para establecerlo.
El Gobierno espera con ansias la decisión de la Corte Suprema. Incluso, generó polémica una reunión en la Casa Rosada entre Mauricio Macri y Ricardo Lorenzetti. La visita fue cuestionada porque según el reglamento del máximo tribunal, sus integrantes no pueden reunirse en privado solo con una parte del litigio, en este caso una de ellas es el Estado. También, llamó la atención que por decisión del Gobierno, l
os jueces del máximo tribunal podrán volar en primera y sin pagar.
Según la Defensoría general de la Nación, hasta la semana pasada se contabilizaban 51 presentaciones colectivas contra el tarifazo y muchas otras acciones individuales. Un documento emitido por ese organismo sostiene que el aumento de tarifas está provocando en los usuarios “una afectación a las garantías sociales reconocidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconoce el derecho a la vivienda adecuada, el cual incluye la provisión de servicios esenciales como agua potable, energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, entre otros, cuyo costo no debería impedir el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas y deberá ser conmensurados con los niveles de ingreso de los beneficiarios”.
