La dirigente social, Milagro Sala, lleva detenida en Jujuy un poco más de 6 meses pese a que no se inició ningún juicio. En este marco el periodista
Horacio Verbistsky se refirió al tema y sostuvo que
“el Gobierno del contador Morales ha decidido hacer un escarmiento de la organización social más importante del país”.
“Milagro es indígena, es mujer y ha construido un liderazgo en 17 provincias argentinas, con un componente político, sindical y étnico sumamente originales”, sostuvo y añadió:
“Es una negra desacatada, una subversiva, y ella lo reivindicó con mucho orgullo, y hoy se lo están cobrando”.
En este sentido Verbistsky remarcó que
“hay persecución judicial, política, pero también económica contra la Tupac", organización que dirige Sala.
“Trabaja con cooperativas, emplean mano de obra de baja calificación, los capacita, los prepara y construye las viviendas en menos tiempo y con mayor mano de obra y a menor costo unitario que las empresas privadas”, expresó.
Por su parte consideró que
“lo que no se perdona es la construcción de ese contra poder, que es un poder popular” y sostuvo que “lo que el contador Morales sugiere pero no dice es que es un contra poder frente al Ingeniero Ledesma”.
“La Tupac llegó a emplear a 20 mil personas, lo cual en una provincia como Jujuy es sumamente significativa”, destacó. En este marco el periodista apuntó contra el Ejecutivo Nacional y evaluó que “no se puede desentender de este caso”.
“Hay una ansiedad y una desesperación cada día por inventar una causa nueva con la intención de reducir una década de intensa vida política a un episodio policial y deslegitimar la actividad policial”, consideró.
Luego evaluó que “el Gobierno no se da cuenta que está jugando con fuego porque si tienen éxito de ir contra el gobierno anterior, después avanzan contra el actual”.
“En la Argentina como no ha habido ningún elemento de prueba contra CFK, el nuevo recurso es acusarla por
asociación ilícita y ese es el delito que se inventó y se incluyó en el código penal hace 95 años para perseguir a los sindicalistas”, explicó durante la entrevista con integrantes de la Universidad Nacional de Córdoba y agregó:
“Esto se usa para perseguir a personas a las cuales se intenta sacar de juego y no elementos que sirvan para comprobar la prueba de delito”.
“Nosotros vimos en la década del 90 para proteger a funcionarios del gobierno pero lo que no se había visto es el uso de la justicia para perseguir con la intención de deslegitimar la actividad política”, concluyó.
Mirá la entrevista completa
