Familiares de las víctimas y sobrevivientes de dos trágicos incendios de talleres textiles clandestinos en la ciudad de Buenos Aires realizaron una conferencia de prensa para exigir el inicio inmediato del juicio oral por el primero de los hechos, ocurrido en 2006. Esta causa estuvo a punto de prescribir, por eso piden “imputaciones para los dos empresarios responsables del local de Páez y Terrada, donde hace cuatro meses ocurrió el segundo siniestro". Ambos incendios se cobraron la vida de ocho niños y una mujer embarazada.
“Si hay justicia en el caso del taller de la calle Luis Viale, va a haber justicia por el de la calle Páez; pero eso no pasará si no logramos romper el hilo de impunidad que une a los dos casos”, aseguró Gabriela Carpineti, abogada de los padres de Rodrigo y Rolando Mur Menchaca, los niños de 5 y 10 años fallecidos en el incendio ocurrido el 27 de abril último en el barrio de Flores.
La abogada señaló que ambas causas representan “procesos judiciales tanto como políticos” porque “no es un problema privado el incendio de talleres o las condiciones de vida y de trabajo” que allí se desarrollan. En ese sentido, Carpineti criticó al gobierno de Mauricio Macri y aseguró que “si algo faltó estos nueve años es justicia, pero también políticas públicas” para combatir la explotación laboral y precarización.
El primero de los incendios ocurrió el 30 de marzo de 2006 en el taller textil ubicado en Luis Viale 1269, del barrio porteño de Caballito. Allí perdieron la vida Luis Quispe y Rodrigo Quispe Carbajal, de cuatro años; Harry Rodríguez Palma, de tres años; Elías Carbajal Quispe, de diez años; Wilfredo Quispe Mendoza de 15 años y Juana Vilca Quispe, de 25 años.
Durante la conferencia de prensa, organizada en la Cazona de Flores por el colectivo Simbiosis Cultural, Luis Fernando Rodríguez, el padre de Harry Rodríguez Palma, dijo que “lamentablemente la Justicia no actúa”. “Estamos igual que el primer día”, aseguró y reclamó que “se impute a los verdaderos responsables” del incendio, a los que identificó como los empresarios Jaime Gueiler y Daniel Fishberg, únicos acusados en la causa hasta el momento.
“Los culpables están libres y los que hemos sobrevivido al incendio de Viale quedamos en la calle, como en mi caso, que además cargo ahora con una discapacidad. Me duele que para los más pobres no haya justicia”, aseguró Lourdes Hidalgo, una de las 40 personas que trabajaban y vivían junto a 25 niños en un local que tenía habilitación para que se desempeñen sólo cinco operarios.
Por su parte, la abogada de las víctimas del primer incendio, Myriam Carsen, recordó que la causa, que tiene a dos imputados por el delito de “estrago doloso”, se encuentra en condiciones de entrar en la etapa de juicio oral. Para ella, sólo falta la orden de Casación Penal de que así se haga, después de dos intentos de ser resuelta con juicios abreviados y de sortear la prescripción. “Nuestro principal obstáculo fueron los ritmos y decisiones del Poder Judicial y los fiscales: ahora tenemos que lograr que el juicio se haga porque es la tercera vez que se ordena el juicio y nunca ocurrió”, dijo.
De la conferencia de prensa también participaron la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas; el vicecónsul de Bolivia, Valentín Herbas, y Juan Vázquez, referente del colectivo Simbiosis Cultural, una agrupación de jóvenes de la colectividad boliviana que trabaja la problemática de los talleres textiles en la Ciudad.
