El proyecto, impulsado por
Diana Conti y
Remo Carlotto se intenta sancionar a partir de la idea de que los comentarios de los lectores pueden ser insultantes o agresivos. Dentro de esta regulación las páginas web, los blogs, las redes sociales, las agencias de noticias, los medios de prensa, los diarios online, las revistas electrónicas y otros medios digitales deberán controlar los comentarios de sus usuarios, serán responsables por los mismos y estarán obligados a “incitar” a sus lectores para que eviten todo tipo de discriminaciones.
Frente a esto en el 2013 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado en donde criticó la propuesta, ya que al ser tan amplio el concepto que quieren penar, puede desembocar en un atentado contra la libertad de expresión.
Desde la entidad expresaron la
“preocupación por el proyecto del ley 7379-D-2014, que pretende regular conductas vinculadas con expresiones insultantes y discriminatorias, ya que pasa por alto estándares vinculados a la libertad de expresión reconocidos tanto por el sistema interamericano de derechos humanos, como de los informes del Relator Especial de Libertad de Expresión y Opinión de las Naciones Unidas”.
Para la plataforma
será considerado mensaje descriminatorio todo aquel que "
a través de patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, mensajes, valores, íconos o signos transmita y/o reproduzca dominación y/o desigualdad en las relaciones sociales, naturalizando o propiciando la exclusión o segregación en razón de pretextos discriminatorios".
A partir de este proyecto, se puede condenar con penas de un mes a tres años a quienes "por cualquier medio alentare o incitare a la persecución, el odio, la violencia o la discriminación contra una persona o grupo de personas". También a los que "en forma pública u oculta, formare parte de una organización o realizare propaganda, basados en ideas o teorías de superioridad o inferioridad de un grupo de personas, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación".
Distintas voces se pronunciaron ante este proyecto, entre ellas
Beatriz Busaniche, secretaria de la Fundación Vía Libre, entidad dedicada a la difusión de los derechos en la era digital quién sostuvo: “
Un marco difuso de responsabilidad de los intermediarios sólo contribuye como incentivo a la censura privada, ya que ningún medio de comunicación o plataforma de contenidos web querrá asumir el riesgo de ser acusado civil o penalmente por la mera defensa de los comentarios de sus usuarios.”
Por su parte
Eduardo Bertoni, ex relator de la libertad de expresión de la OEA y actual director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), sostuvo que comparte el objeto de la proyectada demanda pero no la manera que propone cumplirlo
. “Que se deban remover contenidos por el simple pedido de un particular puede promover actos de censura por parte de los administradores de sitios de Internet.”
