La evidencia y los documentos de las inspecciones en obra pública, empresas y talleres textiles muestran que, en la Ciudad de Buenos Aires, todas las habilitaciones se encuentra con irregularidades.
Se conocieron a través del diario Tiempo Argentino, detalles de las actas que muestran cómo el grupo de inspectores trabajan "levantando" o evitando clausuras o multas, respondiendo directamente a los responsables máximos del área dentro del gobierno de Mauricio Macri.
Todo es parte del sistema que sostiene Fernando Cohen, el actual gerente operativo de Inspecciones.
Hace unos meses, el funcionario apareció en una cámara oculta reconociendo que el macrismo le ordenaba levantar o parar clausuras a los "amigos".
El mundo de las obras en construcción es uno de los universos con más irregularidades y "no clausuras", a pesar del enorme riesgo de vida existente. Tal fue el caso de una obra a cargo de la empresa CyL Desarrollos Inmobiliarios S.A en la calle Ramón Falcón al 5700, que por falta de condiciones mínimas de seguridad para los trabajadores fue solicitado el pedido de clausura.
Luego de la intervención de Alicia Vázquez, ex Coordinadora Operativa de Inspecciones, no se realizó el procedimiento.
A Vázquez, Macri la reclutó luego de un acto en La Boca: la mujer era coordinadora de la cooperativa de los bomberos del barrio. Lo mismo ocurrió en otros casos -por lo menos una decena de actas más- de obras, como la de la calle Lacarra al 170, de la empresa Castelli Borgert.
Tantas veces fue el inspector con pedidos de clausura, que fueron negados en la sede de gobierno, que en el acta aclaró que fue "devuelta clausura no realizada".
También se confirma el del uso de
actas duplicadas. La metodología es clara: se labra un acta con un número X con irregularidades en un local, que el GCBA considera "no clausurable". Luego, se envía a otro inspector "obediente", que vuelve a hacer un acta, sin irregularidades. Pero las dos tienen el mismo número X. Si bien ambas quedan asentadas, la no deseada desaparece.
También se denuncia el taller de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), la imprenta del Grupo Clarín, por la muerte de una trabajadora tercerizada en julio de 2008 por aplastamiento de un portón de la planta. Un mes después, inspectores del gobierno de la Ciudad acudieron al lugar a pedido del personal y detectaron, falta de funcionamiento de la alarma acústica y falta de señalización de portones. Además, se reportaron falta de circulación y vías de escape de los sectores de producción e irregularidades medioambientales.
Pero nada pasó.
En 2011, la empresa estuvo cerrada por arrojar residuos tóxicos al río y en 2014, se detectaron allí matafuegos vencidos. Uno de los inspectores que trabajaban en tándem con el gobierno de la Ciudad,
Claudio Matrero, asistió a las instalaciones de AGR, labró allí un acta pero a continuación enumeró las mismas irregularidades que había al momento de la muerte de la trabajadora, tres años antes, sin siquiera sugerir clausuras preventivas que provoquen los cambios de fondo que pedían los empleados.
Matrero, uno de los inspectores más fieles al PRO, es el mismo que nunca inhabilitó el depósito de Iron Mountain habiendo realizado allí varias inspecciones, sabiendo que el depósito era clandestino.
En Iron Mountain murieron 10 bomberos y el denunciante Edgardo Castro, que había presentado cámaras ocultas para probar las irregularidades del galpón,
aseguró que fue Mauricio Macri personalmente quien impidió clausurar ese lugar. Era un local de Goyo Zidar, directivo de Boca y amigo de Macri.
Lo mismo ocurre en una empresa llamada Ramón Chozas, una gráfica que tiene varios contratos con el gobierno de la Ciudad, además de encargarse de la impresión de documentación de seguridad, cheques y tarjetas, en paralelo, también imprimieron boletas para las elecciones. Allí, Castro ha presentado un pedido de inhabilitación por falta de medidas de seguridad, como bandejas antiderrame para contener todos los productos químicos (alcohol isopropílico, tintas, etcétera).
Según Castro, se pidió la clausura, pero nunca ocurrió.
El grupo de inspectores también se encargó de trabar clausuras en infinidad de talleres clandestinos, luego de que pasasen colegas que habían sugerido inhabilitaciones. Según se informó, existe un escudo de protección a un grupo de empresarios que monopolizan talleres clandestinos bajo la máscara de cooperativas de trabajo.
