En una jornada cargada de contradicciones para el oficialismo que se vio embuido en la Cámara de Diputados con acciones disonantes por parte de su presidente, Martín Menem, la vicepresidenta Victoria Villarruel salió del Congreso para encontrarse con los policías y prefectos que habían participado del operativo de seguridad frente al Parlamento. Este saludo, que ocurrió luego de que el DNU por el acuerdo con el FMI fuera ratificado en la Cámara de Diputados, desató una serie de cuestionamientos sobre la postura del Gobierno frente a la protesta social y la represión.
Apenas una semana después de haber condenado la represión ordenada por Patricia Bullrich y de afirmar que los jubilados debían tener el derecho a "ejercer la democracia", Villarruel adoptó un tono completamente diferente. En lugar de condenar la violencia, como había afirmado días antes, se acercó a los uniformados desplegados en el Congreso para felicitarlos uno por uno. "La violencia no es una herramienta válida", había sostenido horas antes, pero su actitud frente a los agentes de seguridad contradijo esas palabras y dejó en evidencia el doble estándar con el que el Gobierno mide el derecho a la protesta.
El operativo represivo, que se desplegó con una fuerte presencia de efectivos, convirtió las inmediaciones del Congreso en una especie de "zona de exclusión", donde las fuerzas de seguridad se hicieron notar no solo por su cantidad, sino también por la imposición de medidas restrictivas en torno a la protesta popular. La vicepresidenta, sin apuro, se detuvo a saludar a los uniformados, mirándolos a los ojos y dándoles la mano, en un acto que no pareció improvisado, sino más bien una puesta en escena que contrastaba profundamente con su discurso previo.
Este "acting" de Villarruel reforzó la percepción de un Gobierno que aplicaba un doble rasero cuando se trataba de defender la democracia y el derecho a la protesta.