La decisión del gobierno de Javier Milei de vetar la decisión del Congreso de aumetar las jubilaciones y, ante una protesta masiva de jubilados y sectores sociales y políticos, lanzar una brutal represión que incluyó el gaseo a una niña de 10 años y una maniobra para esconder que lo hizo la policía federal, ya tiene como consecuencias denuncias en Comodoro Py, involucramientos de organismos internacionales y pedidos de explicaciones en el Parlamento que complican a Patricia Bullrich.
En tribunales ya se acumulan tres denuncias, a lo cual se agregan un escrito ante la CIDH y dos proyectos para que la ministra de Seguridad deba ir al Congreso a explicar por qué hubo una represión que incluyó el gaseo a una menor en el operativo a su cargo y por qué el jefe de la Policía Federal y su número dos intervinieron en los medios de comunicación para lanzar una fake news que buscaba encubrir la agresión policial a la niña y su madre.
El escándalo que incluye el gaseo a la niña y la maniobra de encubrimiento involucró a un referente de los medios muy cercano a Milei, como
Eduardo Feinmann, que llegó al punto de que el periodista estalló al aire contra Bullrich y hasta reclamó que el Presidente la eche. El escándalo duró poco, porque al día siguiente la entrevistó en Radio Mitre y le pidió perdón, sin ningún elemento nuevo que fortalezca o valide la versión ni los argumentos de "La Piba".
En cuanto a Gina Romero, la relatora especial de la ONU, apuntó contra la represión libertaria a jubilados en X: “Es muy doloroso ver a personas mayores, niños y niñas siendo atacadas y violentadas por el sólo hecho de ejercer su derecho a la protesta pacífica en #Argentina”.
El accionar de Bullrich con una nueva represión a jubilados, el gaseo a la niña, el intento de esconder los hechos a través de videos falsos y la posterior excusa insólita de decir que el policía no quiso lanzar el químico a la menor porque "no la vio" debido al casco y que, a la vez, "no pueden escuchar" y "bajó el brazo" hicieron que los medios recuerden la acumulación de errores graves por parte de la funcionaria de Milei desde que volvió al Ministerio de Seguridad en diciembre de 2023.
DENUNCIAS, PRESENTACIONES Y PROBLEMAS PARA LA PIBA
El abogado Gregorio Dalbón denunción en Comodoro Py a Bullrich e integrantes de la Policía Federal por la represión del 11 de septiembre.
La causa quedó radicada en el juzgado federal Nº 9, aquel que tiene subrogado María Eugenia Capuchetti, jueza puesta allí por Mauricio Macri que es cuestionada por no investigar a fondo el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Kirchner, entre otros expedientes.
Dalbón quiere que se investigue la responsabilidad de la titular de la cartera de Seguridad en la represión. También y en particular el caso de la niña gaseada por la Policía. Según el letrado, hubo “encubrimiento” por parte de las autoridades luego de que se gaseara a la menor. Calificó lo sucedido como “un hecho de gravedad institucional nunca visto en democracia”. La denuncia es por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Otra denuncia que también hizo foco en el ataque a Fabricia, la niña, durante la represión del miércoles nació de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Integrantes de este organismo de DD.HH. atendieron a la menor cuando fue agredida.
Por sorteo, la presentación recayó en el juzgado federal Nº 1 a cargo de María Servini, la misma magistrada que investiga los disturbios que se produjeron en los alrededores del Congreso durante la represión del 12 de junio, cuando se votaba la Ley Bases.
En este caso, la acusación fue contra la secretaria de Seguridad de la cartera que conduce Bullrich, Alejandra Monteoliva, y la Policía Federal por violación de los deberes de funcionario público.
La denuncia suma como probatoria fotos y videos del ataque contra los manifestantes y la agresión contra Fabricia. También se precisó que el Responsable de la Policía Federal que estuvo a cargo del operativo fue el comisario Perillo. El organismo busca ampliar la presentación penal sobre los nombres de los heridos. También denunciarán que en este caso se violó la Ley Nacional de Inteligencia.
Por su parte, el exsecretario de DD.HH. Horacio Pietragalla Corti realizó una ampliación de una denuncia previa contra Bullrich que tramita en Comodoro Py, tras la represión de hace unos días y el ataque a la menor.
“Como presidente de la Red Federal de Derechos Humanos, presenté ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi la ampliación de la denuncia contra la ministra Patricia Bullrich, originalmente presentada tras la represión a la marcha de los jubilados del pasado 4 de septiembre. En este nuevo escrito, denunciamos los nuevos hechos sucedidos el 11/9, sobre todo la represión violenta que -además de jubilados y jubiladas- ahora incluyó niños rociados con gas pimienta”, tuiteó el ex funcionario.
El juzgado federal Nº 8 actualmente está siendo subrogado por el juez Sebastián Ramos ya que Martínez de Giorgi se encuentra de licencia.
El caso de la represión a jubilados también llegó a la CIDH, a través del Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), que puso en conocimiento del organismo internacional de DD.HH. “el operativo desmesurado desplegado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Ciudad ante la concentración del miércoles”.
Allí advirtieron sobre las demoras a micros con integrantes de organizaciones sindicales que ingresaban a la ciudad para asistir a la manifestación, denunciaron el uso de balas de goma para dispersar la protesta, pusieron en valor que una persona recibió 27 impactos de bala de goma en el cuerpo y también alertaron sobre el uso de gases lacrimógeno a muy corta distancia sobre adultos mayores, sobre Fabricia y sobre otro niño de 9 años.
El CELS pidió a la CIDH: “Solicite información al Estado sobre el desarrollo del operativo de seguridad del día 11 de septiembre de 2024, especialmente respecto del uso indiscriminado de armas ´menos letales` y de los manifestantes heridos”; “manifieste al Estado argentino su preocupación por la criminalización y represión de la protesta social y, en particular, por el uso desproporcionado de la fuerza sobre adultos mayores y niños, niñas y adolescentes”; "exprese su preocupación por los hechos puestos en su conocimiento, que son la consecuencia de la puesta en vigencia de normas y prácticas regresivas y contrarias a los estándares internacionales sobre el derecho a manifestarse, a la libertad de expresión y de reunión en la Argentina”.
Por último, y quizá más problemático a nivel doméstico para Bullrich, que pretende ser candidata en 2025, el caso por la represión del 11 de septiembre llegó al Congreso. El diputado Leandro Santoro, de Unión por la Patria (UxP), y Esteban Paulón, de Encuentro Federal, presentaron proyectos para que se cite a la ministra al Congreso a dar explicaciones.
"Acabamos de pedir la comparecencia de la Ministra de Seguridad y su vice al HCDN por el accionar de la PFA durante la marcha de ayer (donde resultó gaseada una niña) y por la operación de encubrimiento llevada adelante por dichas autoridades, que hoy quedó al descubierto", tuiteó Santoro.
Paulón, por su parte, difundió que presentó un proyecto para que la ministra de Seguridad “brinde explicaciones ante el Congreso por el último operativo” porque, además, "una menor fue atacada con gas pimienta y luego intentaron encubrir el hecho con videos falsos", cosa que es "inadmisible en democracia”.
