La cartera de Turismo, Ambiente y Deportes, dirigida por Daniel Scioli, ha iniciado el proceso de privatización del complejo turístico de Chapadmalal. Esta privatización se llevará a cabo mediante una licitación pública para otorgar concesiones en las unidades 2 y 7 del complejo, cuyas ofertas se abrirán el 20 de septiembre a las 11.
El pliego licitatorio, publicado en el Boletín Oficial bajo el título “Contratación de Servicio de Hotelería para los Hoteles 2 y 7 de la Unidad Turística Chapadmalal”, establece que la concesión será por un plazo inicial de dos años. Durante este tiempo, el concesionario no deberá pagar un canon. Sin embargo, deberá ofrecer tarifas sociales y encargarse de la conservación y mejora de las instalaciones.
La licitación, subdividida por hotel, requerirá a los interesados presentar ofertas económicas para el precio por día, diferenciando entre pensión completa (incluye desayuno, almuerzo y cena) y pensión simple (sin servicios gastronómicos). El complejo tiene una capacidad para 4.000 plazas y consta de nueve hoteles, 19 bungalows o chalets, un polideportivo, y diversos edificios administrativos y de servicios.
La decisión de privatizar parte del complejo ha generado controversia. Gabriel Gatopodis, Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, criticó duramente la medida en redes sociales. Gatopodis argumenta que la privatización representa un alejamiento de los valores sociales del peronismo, que originalmente crearon el complejo con un carácter social. Expresó su preocupación de que el enfoque en el negocio privado perjudicará a los ciudadanos que se beneficiaban del acceso social a estos hoteles.
En 2021, el gobierno de Alberto Fernández había invertido 1.630 millones de pesos en obras de remodelación y mantenimiento para el complejo, como parte de un plan integral de modernización. La privatización de Chapadmalal pone en discusión el equilibrio entre el interés privado y el acceso social a los servicios turísticos en el país.
Chapadmalal, con sus 75 hectáreas de bosques de pinos y playas, ha sido un importante destino turístico con potencial para el surf y un entorno natural único. Aunque algunos hoteles han funcionado parcialmente hasta antes de la pandemia, otros han estado cerrados por más de 20 años. La privatización busca darle una nueva vida al complejo, pero ha generado un debate sobre el futuro de los servicios de turismo social y la accesibilidad para los ciudadanos.
