Los organismos de Derechos Humanos denunciaron a la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, la jueza Agustina Díaz Cordero, por estar mencionada en los chats investigados en el marco del caso de la visita a genocidas. La presentación, que firmaron Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo y la ADPH, entre otras entidades, se realizó el viernes ante el órgano de selección y sanción de magistrados que comanda la propia Díaz Cordero.
Los organismos pidieron al Consejo que investigue porque “
de comprobarse la asistencia y participación de la magistrada Díaz Cordero en las reuniones referidas”, la conducta de la jueza y consejera “se subsumiría -cuanto menos- en la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. La magistrada se vio obligada a dar explicaciones en el Consejo.
Previo a que ingresara la denuncia que la compromete, la magistrada había dirigido una nota al juez supremo Horacio Rosatti, en la que negó tener cualquier tipo de vínculo la visita a genocidas en Ezeiza. Empero, en el escrito reconoció que tiene relación con el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un genocida y organizador de los grupos donde se coordinaron las visitas a represores y se gestaron los proyectos para excarcelarlos. Precisamente, es Olivera Ravasi quien hace referencia a Díaz Cordero en esos grupos de chats, aunque no el único.
LAS REFERENCIAS
En los chats que la diputada Lourdes Arrieta presentó ante la justicia federal de Lomas de Zamora, donde se investiga la visita de los libertarios a genocidas en la cárcel de Ezeiza del 11 de julio, hay al menos dos referencias a Díaz Cordero. Una proviene del cura Olivera Ravasi, organizador de las reuniones que se hicieron para favorecer a represores, y otra del diputado libertario Beltrán Benedit, quien fue uno de los que impulsó los encuentros con genocidas en las cárceles.
Olivera Ravasi afirmó en el grupo de chat que compartía con abogados de represores, con el ex camarista de Casación Eduardo Riggi y diputados libertarios, que tuvo un encuentro con la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura. “
Yo me ofrezco a hacer de nexo con la vice-pte del Consejo de la Magistratura. Estuvo con nosotros en la primera reunión, para quienes la recuerdan”, dijo el cura. Y agregó:
“El Dr Riggi también la conoce mucho”. No dio el nombre pero la vicepresidenta del consejo es la mentada jueza Agustina Díaz Cordero.
La reunión a la que hace referencia el sacerdote es a una de las que se llevó adelante para avanzar con un proyecto que permita a los genocidas ser excarcelados. El diputado libertario Beltrán Benedit, también había escrito meses antes en los grupos donde se debatía cómo favorecer represores:
“En plan de accionar en distintos frentes y de manera conjunta vayamos pensando a quienes podemos ir enviando a Agustina Díaz Cordero!!”.
LA DENUNCIA
Los organismos de DDHH reclamaron al Consejo que se investigue a la jueza Díaz Cordero porque consideran que de comprobarse lo que surge de los chats y se publicó en diversos medios de comunicación
“su conducta ha generado una clara afectación a principios democráticos y a valores supremos, y el deber de respetar derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados y Convenciones Internacionales que nos rigen”. Según los chats acercados a la Justicia por Arrieta, Díaz Cordero habría sido parte de al menos un encuentro en el que diputados libertarios y abogados de genocidas, junto a un cura hijo de un condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad, proyectaron posibles iniciativas para sacar a los represores de las cárceles.
“De corroborarse la participación de la jueza Díaz Cordero en alguna reunión realizada para promover y/o diseñar estrategias con el fin de lograr la impunidad de quienes han sido juzgados y condenados por crímenes aberrantes, su conducta se encontraría en infracción clara y concluyente respecto del mandato que ostenta como integrante de la judicatura. Y, además, demostraría falta manifiesta de vocación democrática, de idoneidad y aptitud funcional para el cargo que ocupa”, se añadió en la denuncia.
“Una magistrada que ha sido seleccionada y elegida por ‘haber demostrado valores éticos’, ‘vocación democrática’ y ‘respeto por los derechos humanos’ (art. 41 del Reglamento de Concursos) no puede, conscientemente, ser parte de un grupo de las características de las aquí referidas, o reunirse con quienes propician un pacto de impunidad en favor de condenados por crímenes tales como desaparición forzada de personas, torturas, violaciones, apropiación de bebes, entre otros, calificados por el derecho nacional e internacional de los Derechos Humanos como crímenes contra la humanidad, imprescriptibles, inadmistiables e inconmutables. Ni asistir a instancias donde se proponga y aliente el armado de proyectos que busquen, o promocionen la impunidad de esos criminales, su libertad o la morigeración de las penas, sin caer en franca contradicción con los valores necesarios para poder sostener los pilares por los que fuese seleccionada y luego designada magistrada”, agregaron.
Se recordó que entre los visitados el 11 de Julio en ezeiza estaban: Alfredo Astiz, “condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio ESMA”; Raúl Antonio Guglielminetti, “condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en distintos centros clandestinos de detención”; y Antonio Pernías y Adolfo Pernías, ambos también condenados a perpetua por los crímenes cometidos en la ESMA, entre otros.
“Las víctimas de desaparición forzada por lo que muchos de ellos fueron condenados permanecen en esa condición, mientras ellos mantienen su pacto de silencio, no dan información alguna respecto de sus destinos, así el delito continúa perpetrándose y con ello prolongándose el sufrimiento de sus seres queridos, que aún los buscan. Del mismo modo que respecto de las más de 300 niños y niñas, hoy personas adultas, que siguen sin conocer su identidad, víctimas del plan sistemático de apropiación de niños y niñas nacidos en cautiverio”, se especificó.
En este marco, se adjuntó en la denuncia las distintas notas que se publicaron sobre el caso de la visita a genocidas y se requirió que se pida la causa que tramita por ese hecho en los tribunales de Lomas de Zamora. También solicitaron se tome declaración testimonial a la diputada Lourdes Arrieta, que fue quien aportó los chats del escándalo. Los organismos, a su vez, requirieron que a la hora de analizar el caso se excuse de intervenir el juez y consejero Diego Barroetaveña, porque fue “compañero de fórmula por la Lista Bordo” de Díaz Cordero. Ahora la denuncia debe ser dirigida a la comisión de Acusación o la de Disciplina, según la sanción que se considere apropiada para el caso. En Acusación el denunciado puede terminar en un jury mientras que en Disciplina es solo una sanción, que puede ser la quita de un porcentaje del sueldo, por ejemplo.
LA RELACIÓN DE DÍAZ CON OLIVERA Y RIGGI
A la par que se presentó la denuncia, Díaz Cordero elevó una demorada respuesta a Rosatti y los organismos, que habían manifestado su preocupación a mediados de agosto por esta situación de la vicepresidenta del Consejo. A magistrada vinculada al macrismo rechazó las acusaciones en su contra pero reconoció vínculos con dos de los participantes de los grupos de chats en que se tramó favorecer a genocidas: el mentado Olivera Ravasi y el excamarista Eduardo Riggi.
“No tengo ni he tenido ningún tipo de vinculación funcional, académica y/o personal con las personas que han sido sindicadas en la presentación”, afirmó.
Indicó que
“solo conozco al exmagistrado doctor Eduardo Rafael Riggi y al presbítero Javier Olivera Ravasi”. Respecto al primero dijo que tiene “un conocimiento y respeto profesional de larga data”. Sobre el cura, hijo de un condenado por delitos de lesa humanidad, dijo que “
ambos fuimos presentados este mismo año a la salida de una celebración religiosa, luego de lo cual me contactó en alguna oportunidad para comentarme sobre su actividad en una fundación pastoral”.
Agustina Díaz Cordero actualmente es vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y jueza civil. De asesora del ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano, saltó a la magistratura. Fue nombrada por Macri al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 23, el 27 de abril de 2018. Su concurso estuvo repleto de irregularidades. Su designación fue, sobre todo, un premio para su madre, María Lilia Gómez Alonso, que presidía la Sala B de la Cámara Comercial desde donde manejaba la causa por la multimillonaria deuda de los Macri con el Estado por el Correo Argentino. Desde allí, María Lilia brindó más de un favor al expresidente.
