La Cámara de Diputados retomará el miércoles por la tarde el debate para la creación del sistema de juicio por jurados, un proyecto que propone modificar el servicio de administración de la Justicia a través de la participación ciudadana.
Desde las 14.30, un plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto continuará con el análisis de los ocho proyectos de ley presentados sobre el tema.
La iniciativa busca establecer el sistema de juicio por jurados en el ámbito de los tribunales federales y nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento a una manda constitucional ratificada por la Convención Constituyente de 1994. Lo que buscan es que
un grupo de ciudadanos sin formación jurídica elegidos por sorteo público pueda determinar la culpabilidad o inocencia de acusados de delitos graves de acuerdo a la propia apreciación moral.
Así, objetivo central de esta modificación es mejorar el servicio de Justicia con
participación democrática, transparencia y control popular de las causas judiciales. No solamente se pretende acercar a la Justicia a la gente sino que se refuerza la legitimidad a los fallos que resultan del proceso judicial. En tanto,
se garantiza la imparcialidad del jurado a la hora de tomar decisiones, y también el acusado se beneficia por el hecho de ser juzgado por pares y no por el Estado propiamente dicho, muchas veces colonizado por intereses corporativos.
En Argentina, el juicio por jurados ya se implementa en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Chaco, Río Negro, San Juan y Chubut. En la provincia de Santa Fe, en tanto, existe una media sanción desde el 2001.
En la primera reunión que tuvo lugar el 28 de agosto pasado, expusieron los autores de cada uno de los proyectos, mientras que para este segundo encuentro está convocado el secretario de Justicia,
Sebastián Amerio. También fueron invitados a exponer el juez de Cámara Nacional Electoral
Alberto Dalla Via, los abogados penalistas
Roberto Rallin y
Francisco Oneto, la presidenta de Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (CABA y Provincia),
Emilia Valle, la presidenta de la asociación Argentina Juicio por Jurados,
Silvina Manes, el director Ejecutivo de INECIP,
Julián Alfie, el presidente superior del Tribunal de Justicia de Chaco,
Víctor del Río, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados,
Andrés Harfuch, y el fiscal general del Departamento Judicial de Dolores,
Diego Escoda.
Qué establecen los proyectos de juicio por jurados
El proyecto presentado por
Roberto Mirabella (Unión por la Patria) como el de
Fernando Carbajal (UCR) plantean la conformación de jurados populares de 12 integrantes y dos suplentes que tienen que estar presentes durante todo el proceso, con la tutela y orientación de un juez que se encarga de la fundamentación jurídica y técnica del fallo.
El sorteo público se realizaría sobre la base de los padrones que confecciona la Cámara Nacional Electoral (CNE) cada dos años, y
es una carga pública para aquellos ciudadanos que salen sorteados, los cuales deben ser de la misma circunscripción territorial en la que se hubiera cometido el delito. Esto significa que estarán obligados a participan, a menos que no cumplan con alguna de los factores excluyentes detalladas en la normativa. Deberán comparecer bajo apercibimiento de sanción.
¿Entonces a quién podría tocarle?
A cualquier argentino o naturalizado con dos años de ciudadanía en ejercicio, de 18 a 75 años, que sepa leer, escribir, hablar y comprender el idioma nacional es pasible de ser elegido para integrar el jurado. Además, debe cumplir con aptitudes físicas y psíquicas para poder desarrollar la tarea, y tener domicilio y residencia en la circunscripción del tribunal competente no inferior a dos años. Algunos de los proyectos establecen
la paridad de género para la integración de jurado.
En cuanto a las incompatibilidades, éstas se aplican a autoridades de los tres poderes y ministerios públicos, integrantes de Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad, abogados, escribanos, ministros de cultos religiosos, y directivos de partidos y sindicatos, entre otros.
Los sorteados
deben prestar juramento de decir verdad en la audiencia de selección, individual o colectivamente según disponga el juez. En la mayoría de los proyectos está contemplada
una remuneración básica por cada día de servicio, y también se cubren los viáticos. A su vez,
se garantiza a los ciudadanos que sus empleadores no puedan perjudicarlos por haber sido afectados a la causa judicial durante los días en que se desarrollen las audiencias.
La función del jurado popular es
deliberar sobre la prueba y determinar la inocencia o culpabilidad del acusado luego de los alegatos de la defensa y la acusación. La idea es que el veredicto salga por decisión unánime, o en su defecto que al menos surja de una mayoría contundente de votos.
Además, los proyectos definen la prohibición de represalias o amenazas de terceros contra los jurados, provenga de alguna de las partes del juicio, del propio juez, o de algún órgano de poder del Estado. Se entiende que el jurado es soberano del veredicto y no debe sufrir ningún tipo de presión ni castigo por su accionar durante el juicio.
También está preestablecido el principio de presunción de inocencia, por el cual se define que si existiera duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, éste quedaría absuelto. Y si hay duda sobre grados de delito, se lo condenará en el grado inferior.
-Con información de Noticias Argentinas-
