Esta mañana, la Policía Federal bloqueó el ingreso de alumnos y docentes a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa), ubicada en Defensa 119, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La intervención, ordenada por el interventor Eduardo Luis Maurizzio, designado por el gobierno de Javier Milei, provocó una reacción inmediata de la comunidad educativa y de la sociedad en general.
Según Mariela Canessa, Secretaria General de la Asociación Docente del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (ADIUNMa), se recibió un aviso del interventor que indicaba el cierre de la sede por problemas de seguridad. "Cuando los no docentes se acercan para empezar a trabajar, junto con la rectora, les impiden el ingreso y les dicen que solo pueden subir a retirar sus cosas", relató Canessa.
La rectora de la UNMa, Cristina Caamaño, narró cómo la policía, basándose en un correo electrónico no oficial del interventor, le negó la entrada al edificio. "El policía basándose en eso no me dejaba entrar", explicó Caamaño, quien finalmente logró ingresar después de un breve enfrentamiento con las autoridades. Tras varias horas de tensión, la policía se retiró del lugar, permitiendo la reanudación de las actividades académicas.
El comunicado oficial de Madres de Plaza de Mayo criticó duramente la intervención. "La medida viola la autonomía universitaria y pretende criminalizar a los trabajadores de nuestra universidad", expresaron en redes sociales. La convocatoria a una movilización frente a la sede buscó expresar el rechazo a lo que consideran un ataque a la educación y los derechos humanos.
La situación en la UNMa ha sido crítica desde el inicio del mandato de Milei. Según Caamaño, la universidad enfrenta problemas financieros graves debido a la falta de transferencia de fondos y pagos a su personal desde enero de 2024. Esta crisis financiera ha sido exacerbada por las decisiones del gobierno y la intervención, lo que pone en riesgo el funcionamiento de la institución.
