La ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, tendrá que defender por primera vez este miércoles su protocolo antipiquetes ante la Justicia, en el marco de una citación por la cautelar dictada por el juez Sebastián Casanello para que se adecúe a la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. En la presentación estará presente además la legisladora porteña Celeste Fierro (Frente de Izquierda, impulsora del recurso.
La audiencia de hábeas corpus fue convocada para mañana a las 11 en la sede del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, en el barrio porteño de Retiro, y desde el Frente de Izquierda anticiparon que van a presentarse junto a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, ambientales, sindicales y asambleas barriales para realizar una concentración con radio abierta en la puerta del juzgado.
La semana pasada, el magistrado había convalidado parte del pedido de Fierro al dictar una medida cautelar para que "actúe como paraguas de protección de los derechos y libertades democráticas fundamentales", luego de evaluar el informe que recientemente le había pedido a la cartera que dirige Bullrich. En la misma resolución, Casanello convocó a comparecer en el tribunal a
"el/la representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, las accionantes y la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10".
La decisión de Casanello no suspendió directamente la resolución que aprobó el protocolo pero exhortó a que el accionar de las fuerzas sea dentro del marco constitucional. El juez consideró que el detalle de los antecedentes y distintos aspectos del procedimiento que fundamentaron el diseño del protocolo, enviado por el Gobierno tras su ultimátum de 72 horas, no siguen los parámetros del derecho y remarcó, particularmente, que
"no fueron consultados otros organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil ni organismos internacionales".
Fierro brindará el mismo miércoles una conferencia de prensa para "denunciar la ilegalidad del protocolo represivo e informar sobre la jornada", según precisaron fuentes partidarias.
"Es una audiencia clave, donde se puede resolver el destino del protocolo represivo de Bullrich. Es un paso más en la lucha contra este protocolo que vulnera nuestros derechos, y seguiremos insistiendo en su inconstitucional", remarcó Fierro.
Además llamó a
"seguir en las calles contra el DNU y todo el ajuste" al igual que ante la justicia para "que no solo le ponga limites al protocolo sino para que lo suspenda por violar el derecho constitucional a la protesta junto a otros derechos y libertades democráticas".
LAS MEDIDAS DEL PROTOCOLO
1- Que las 4 fuerzas federales intervendrán frente a cortes, piquetes o bloqueos, ya sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias: se cumple o no se cumple.
2- Las fuerzas podrán intervenir sin orden judicial, como lo determina el artículo 194 del Código Penal para los delitos en flagrancia.
3- No se tomará en cuenta que haya vías alternativas al tránsito o la circulación. Si se corta la vía principal, se libera la pvía principal.
4- Se actuará hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación.
5- Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia.
6- Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito.
7- También se identificarán a los vehículos utilizaros para registrar una infracción administrativa y/o penal.
8- Los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores y organizadores serán remitidos a las autoridades de aplicación correspondientes.
9- También se dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental. Por ejemplo: la quema de cubiertas.
10- En el caso de participación de niños y adolescentes, se dará aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a sancionar a aquellos que lleven niños a los piquetes.
11- Los costos vinculados a los operativos de seguridad serán cubiertos por las organizaciones o individuos responsables. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información la Dirección Nacional de Migraciones.
12- Se creará un registro de las organizaciones que participan en este tipo de hechos.
