La última audiencia de alegatos de la defensa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kichner, en el juicio oral por la obra pública comenzó a las 9:30 horas con su abogado Carlos Alberto Beraldi. El letrado dijo en una exposición de casi tres horas que hubo acusaciones de la fiscalía producto de una “absoluta fantasía”, al iniciar esta mañana la última jornada de su alegato final en el juicio por la llamada causa Vialidad.
El abogado habló antes la ex mandataria, quien cerca de las 11:30 abrió su exposición ante el Tribunal Oral Federal 2 en uso del derecho a ejercer su propia defensa en el debate que se realiza por videoconferencia. Beraldi apuntó directamente contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes realizaron la acusación contra la vicepresidenta y solicitaron penas de prisión de hasta 12 años e inhabilitación para ocupar cargos públicos por supuesta corrupción en la obra pública durante sus dos mandatos de gobierno (2007-2011 y 2011-2015).
Tras pasar fragmentos de la acusación en los que los fiscales Mola y Luciani dicen que no pudieron precisar exactamente cuál habría sido el perjuicio al Estado, Beraldi afirmó que esto ocurrió porque ambos “no han podido probar nada” en el juicio. Para avanzar en la defensa de su representada, Beraldi pasó fragmentos de las declaraciones de los testigos que dijeron desconocer situaciones de sobreprecios, obras no realizadas u obras abandonadas por parte del contratista Lázaro Báez. Entre esos testigos había ex funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri.
Beraldi hizo pasar un fragmento de la declaración de Federico Heinecke, ex gerente de Obras y Servicios Públicos Viales de la Dirección Nacional de Vialidad durante la gestión de Javier Iguacel, en el gobierno de Macri. “Fuimos con los inspectores a revisar las obras ejecutadas. Les consulté sobre el estado de la certificación respecto de las cantidades que ellos habían supervisado en todo momento. Y en el caso de Paola Kiernan, que es la persona que me acompañó, me corroboró que lo que estaba ejecutado era lo que se había certificado”, dijo Heinecke.
Por otro lado, el abogado señaló que “cuando empezó el juicio se habló de una supuesta defraudación contra el Estado por 46.000 millones de pesos. E indicó que luego, el juez de instrucción dictó un embargo por 10.000 millones de pesos. Y ahora, la fiscalía dice que lo tiene determinado, más o menos, en 5.321 millones de pesos”. En esa misma línea, el abogado expresó que “no existe un solo elemento de prueba serio que indique que se hubieran realizado obras por trabajo no ejecutados. Si les pagaron lo que hizo. ¿Por qué ahora le van a decir ‘todo esto no lo hizo’? ¿Qué es: un enriquecimiento sin cauda? Este es el nivel de ilogicidad que tiene todo esto”.
“Si fueran a un juicio civil y hacen esto, les aplican una multa por temeridad y malicia. ¿Qué tienen probado en este expediente? De esto, nada. No existe un elemento de prueba serio que identifique que las modificaciones de las obras fueron irregulares”, dijo Beraldi.
Beraldi dijo que “podría constituir una situación de gravedad institucional inédita sostener y eventualmente asignar razón a la hipótesis de que en la provincia de Santa Cruz durante doce años no existió un gobierno autónomo, pero no solo en el funcionamiento de su Poder Ejecutivo sino que esta situación de sumisión al poder central, según lo plantean los acusadores, se extendían al Parlamento local, a los órganos de control, a los demás reparticiones de la administración pública e incluso al Poder Judicial. Si este criterio insólito y de ciencia ficción se validara, estaríamos en un grave problema y ya excede los límites de la competencia de este tribunal”.
