El arco judicial de
Mauricio Macri, en días en que hay dudas acerca de cambios que se podrían decidir la Cámara Federal para que
Martín Irurzun modifique la doctrina que inauguró y beneficie a los cientos de imputados de Juntos por el Cambio en causas, suma aristas que podrían complicarlo:
el juez en lo Penal Económico, Alejandro Catania, nuevo magistrado al frente de la investigación por el contrabando de armas a Bolivia, dispuso hoy que, a través de exhortos internacionales, se le requiera a ese país que aporte la documentación reunida allí en relación al envío de material represivo por parte de la Argentina en noviembre de 2019, en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales.
El magistrado, que tomó el expediente recientemente y se trata de la primera
veintena de medidas de prueba que ordena, envió los exhortos al país vecino con el objetivo de
reconstruir quiénes llegaron en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 a bordo del avión Hércules 130 de la fuerza aérea argentina.
Lo que la justicia busca determinar es, también,
qué fue descargado de aquel vuelo, quién lo descargó, a dónde fue llevado y que documentación existe al respecto; mientras que también se le requerirá a la justicia de Bolivia que tome, en sede judicial, los
testimonios de aquellos miembros de las fuerzas de seguridad de ese país que puedan permitir la reconstrucción de los hechos, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.
Así, lo que esa respuesta arrojaría es luz sobre quiénes fueron los responsables in situ, quienes luego podrían blanquear a qué nivel llegan los decididores del contrabando. Cabe recordar que
están imputados Macri y funcionarios de primera línea de la gestión JXC, como Patricia Bullrich, Oscar Aguad, Jorge Faurié y Marcos Peña, entre otros.
Las medidas dispuestas hoy son las primeras que ordenó el juez Catania luego de que la Cámara Federal de fuero penal Económico le asignara el trámite del expediente que en un principio había sido trabajado por el juez Javier López Biscayart.
El tribunal de apelaciones había determinado que investigue Catania porque el recibió, por trece minutos de diferencia, la primera denuncia sobre el tema, la que hizo el abogado y exjuez Eduardo Freiler; mientras que López Biscayart había recibido la segunda denuncia, mucho más completa, radicada por dos ministros nacionales (Martín Soria (Justicia) y su, ahora, excolega de la cartera de Seguridad, Sabina Frederic) y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
Además de disponer las medidas de prueba, Catania emitió hoy otra resolución para que se forme un incidente a los fines de determinar si le corresponde a él seguir investigando o la causa debería pasar al juzgado en lo Penal Económico 1, a cargo de
Ezequiel Berón de Astrada, dado que ese era el juzgado de turno cuando el ministerio de Seguridad inició la investigación administrativa que luego dio origen a la denuncia.
Las denuncias acumuladas en este expediente fueron presentadas el 12 de julio pasado, mientras que la investigación interna del ministerio de Seguridad, según surge de información incorporada al expediente, se inició el 8 de ese mes, por lo que ese podría ser considerado un acto de prevención, según indica la resolución con la que Catania planteó que debía evaluarse donde debe seguir la investigación.
