Después de que se oficialice la reglamentación de la ley que habilita el uso medicinal del cannabis,
dirigentes del Movimiento Evita se expresaron al destacar la importancia de la decisión tomada por el gobierno de Alberto Fernández y pusieron en valor al rol de las organizaciones sociales por la ampliación de derechos para los sectores más postergados de la sociedad.
La secretaria Nacional del Frente por la Igualdad del
Movimiento Evita,
Ornella Infante, expresó su satisfacción por la reglamentación del uso medicinal de la marihuana, pero consideró necesario modificar
"la ley de drogas y legalizar el cannabis también para el consumo gastronómico y recreativo”, de manera que se pueda
"terminar con la persecución, criminalización y discriminación de las y los usuarios y cultivadores”.
Según el
decreto 883/2020 publicado este jueves en el Boletín Oficial, que reglamenta la Ley 27.350, el acceso al cannabis y sus derivados deberá ser garantizado por las obras sociales y empresas de medicina prepaga o por el Estado para quienes no posean cobertura de salud.
Además, el Estado brindará colaboración técnica para impulsar la producción pública de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización para su uso medicinal, terapéutico y de investigación
Por su parte, la referente del Frente por la Igualdad en la Ciudad de Buenos Aires,
Vanesa Cufré, explicó:
"Existe una activa necesidad de plantear lo que la cultura cannábica puede aportar en las políticas de ecosustentabilidad, soberanía de consumo, reducción de daños en la salud y economía popular".
Desde la organización social señalaron la importancia de tener una legislación que logré visibilizar todas las aristas que se enmarca en el sistema de producción, distribución, venta y consumo del cannabis y sus derivados, para terminar con la violencia institucional y restricción de libertades.
En ese sentido, solicitan que se trate el proyecto de ley presentado por la diputada Nacional Ayelén Spósito, elaborado junto a las organizaciones cannábicas, que contiene un mayor margen de legalidad para que se termine de criminalizar y penalizar a quienes plantan marihuana.
“Nada de lo que hoy se plantea tendría sentido si no hubiese sido por la militancia, investigación y debates sociales planteados por el conjunto de las y los usuarios recreativos de la sustancia”, destaca Cufré.
