El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunirá este miércoles para adecuar ese piso de ingresos, en un contexto en que la pobreza escaló por la pandemia y los trabajadores necesitan recomponer su poder adquisitivo, los empresarios no están en las mejores condiciones y el Estado analiza el impacto de esta decisión en otros indicadores y erogaciones públicas.
A diferencia de otras negociaciones, en las que la cifra de aumento del salario mínimo afectaba en muy pocos casos, este ajuste tendrá un impacto directo en más de medio millón de planes sociales y en más de dos millones de subsidios del programa ATP frente a la pandemia.
"No es una negociación más. Hay muchas variables atadas hoy al salario mínimo", reconoció el propio ministro de Trabajo,
Claudio Moroni. La referencia del funcionario se centra en el mayor gasto público que implicaría para las cuentas públicas un aumento mayor al que se maneja en su cartera. El Consejo se reunirá este miércoles a las 15 de manera virtual, donde se definirá un nuevo monto del haber mínimo.
Además de fijar un nuevo haber mínimo de referencia, la reunión tripartita (cámaras patronales, gremios y Estado) determinará los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo y el básico docente.
Este martes
la CGT y la CTA anticiparon que pedirán un piso de 45.000 pesos, acorde con el costo de la canasta básica de consumo, lo que representaría un aumento de 167% respecto de los actuales 16.875 pesos de salario mínimo, vital y móvil pactado en octubre del año pasado. Por el contrario,
las cámaras patronales esperan números muy por debajo.
De no haber un acuerdo, según diversas fuentes periodísticas, el Ministerio de Trabajo podría definir en forma unilateral un aumento en torno al 30%, una cifra a medio camino entre las pretensiones de los empresarios y el sindicalismo. Eso significaría llevar ese piso salarial de los casi $17 mil a unos $22.000, en sintonía con el promedio de paritarias que cerraron hasta el momento.
En la cartera encabezada por Moroni aseguran que el objetivo es "poner en valor el salario mínimo". "Hoy no tiene mucho peso en la economía real, sino que es más una referencia para programas sociales y el seguro de desempleo", reconocen en su entorno. La idea es que el ajuste esté alineado con las paritarias, que este año fueron postergadas para el segundo semestre con subas de entre 12% y el 37%.
La última homologación del mínimo fue el 3 de septiembre de 2019, cuando el exministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, rubricó una suba del 35% y el salario pasó 12.500 pesos a los actuales 16.875 en tres tramos. Históricamente el salario básico de convenio de la primera categoría, que se negocia en paritarias, se sitúa entre 10% y 20% por encima de ese mínimo.
Por empezar, repercute en el piso de las remuneraciones de los docentes, que deben ser ser un 20% superior. Y en la jubilación mínima de los adultos mayores con 30 años de aportes, cuyo haber es el 82% de dicho ingreso por la reforma previsional de 2017. Asimismo, incide en unos 570.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, que perciben la mitad del mínimo.
El Gobierno sostiene que el informe impacta de manera directa en el programa de ATP, que consiste en el pago de hasta dos salarios mínimos por empleado en las empresas privadas. Es el segundo subsidio en importación después del IFE (el bono de 10.000 pesos a las familias). El Estado destinó en el programa ATP unos 207.000 millones de pesos al sector privado.
El ajuste definido del salario mínimo también permite estimar el pago del REPRO, un subsidio que este año recibieron 190 empresas. El programa consiste en una suma fija mensual remunerativa de hasta un salario mínimo por trabajador por hasta 12 meses para completar el sueldo de su categoría en empresas que acrediten una situación de crisis.
