“Hemos rechazado y repudiado desde el 2007 el proceso de creación de leyes anti-terroristas en Argentina. Nunca lo hemos aceptado porque hay una cuestión de que jamás se ha conceptualizado a que se llama terrorista”, sostuvo Schulman, en diálogo con Política Argentina, para quien el gobierno nacional “optó por el camino oportunista de no definir las conductas y si las sanciones”. “Esto es gravísimo porque se presta a cualquier tipo de manipulación puesto que alguien decide de manera arbitraria quien es y quien no es terrorista”, advirtió.
La LIDH manifestó sus inquietudes sobre el decreto 489/2019 para crear un registro de “terroristas”, clasificación que correrá a cargo de fiscales, investigadores de la UFI o los organismos internacionales “hoy sometidos a Donald Trump y su grupo de delirantes anticomunistas y guerreristas”. En este sentido, señaló que la normativa tiene “una contradicción profunda” ya que “se puede considerar delito hasta una opinión”.
Este jueves, por decreto el gobierno estableció el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), hecho que puede leerse como claro alineamiento del país a Estados Unidos. La medida se dio un día antes del 25º aniversario del Atentado a la AMIA y, el organismo de Derechos Humanos, advierte la posibilidad de que la Casa Rosada, a corto plazo, inscriba a Hezbollah en ese registro.
Para la LIDH, la inscripción de Hezbollaz, como primer registro “a medida” de la política de guerra de los EE.UU. contra Irán (en la que se inscribe descaradamente la llamada “causa Memorándum Irán”) “confirma lo grotesco del procedimiento, nos conecta con un grave conflicto armado en el Medio Oriente y solo augura problemas para todas y todos”.
“Jamás en mi vida conocí en Argentina a alguien que pertenezca a Hezbollah. Es una discusión extraña a la sociedad argentina”, sostuvo Schulman para quien “pretender resolver en cuatro líneas el cuadro de organizaciones políticas de Medio Oriente solo puede ocurrírsele a un analfabeto político”.
“Además, la legislación no habla de fuerzas paramilitares”, advirtió el titular de la LIDH para quien “la normativa va más atrás de 1789 (año de la Revolución Francesa) porque termina con la presunción de inocencia”. “Con que un fiscal conciba a una organización de tal manera la persona o dicha organización será inscripta en el listado. De esta manera, se le incautan los bienes y haría que esa persona u organización no se pueda defender”, detalló.
Schulman recordó que Hezbollah es una fuerza política que cogobierna Líbano y consideró “grotesco que un gobierno como el de Mauricio Macri pretenda resolver una definición de este tipo que traerá problemas reales porque el país tiene negocios con Medio Oriente y rápidamente se verá complicado”.
