Un grupo de entidades no gubernamentales, académicos y expertos emitió una declaración en la que advierte sobre los riesgos de permitir que las empresas realicen aportes de campaña, algo que actualmente está prohibido y que podría habilitarse dsi la Cámara de Diputados aprueba el proyecto para reforma la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que ya tiene media sanción del Senado.
"El financiamiento empresario de las campañas electorales profundiza la desigualdad y favorece a las elites económicas, ya que debilita la representatividad y legitimidad de los órganos democráticos y genera incentivos para que los representantes políticos busquen beneficiar a las empresas que financian sus campañas, por encima del bienestar general", señalaron a través de un comunicado distintas entidades entre las que se contaron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).
Tras advertir que "legalizar el financiamiento empresario de las campañas electorales sería un retroceso para nuestra democracia", las entidades subrayaron que "el fin de las empresas es el lucro y la razón por la cual deciden aportar a las campañas electorales es la posibilidad de recuperar esa 'inversión' a través de la obtención de contratos públicos o de regulaciones que redunden en beneficios económicos para sí o para su sector".
Las agrupaciones señalaron que "a pesar de la prohibición actual, las empresas financian de manera ilegal a los partidos políticos a través de maniobras como el ocultamiento de aportes, el apoyo a actividades permanentes de los partidos que en realidad son utilizadas con fines electorales o la utilización de aportantes fachada".
Al respecto, indicaron: "Es claro que nuestro sistema electoral demanda mayor transparencia, pero el cumplimiento de este objetivo es independiente de legalizar una práctica que desiguala la competencia electoral, favorece la captura del Estado por parte de grupos económicos y estimula la corrupción".
"Por el contrario, necesitamos una ley que mejore sustancialmente el control de los aportes de campaña, con un sistema moderno que asegure su publicidad y que, sancione de manera rápida y eficaz a las empresas, partidos y candidatos/as que violan la norma", evaluaron las organizaciones, al tiempo que advirtieron que, además, "la decisión de modificar este régimen a tan poco tiempo del comienzo de un nuevo período de elecciones pone en riesgo la previsibilidad de las reglas de juego y la igualdad en la competencia electoral".
Para los firmantes, "la Cámara de Diputadas/os tiene la oportunidad de revisar la media sanción del Senado y abrir un proceso de debate profundo, sin condicionamientos de tiempos e intereses de corto plazo, que derive en una decisión fundada en el mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas y actores sociales".
Además del CEM y ACIJ, participaron en la elaboración del documento Acción Colectiva, la Asociación Pensamiento Penal, el Centro de Investigaciones y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y el Laboratorio de Políticas Públicas (LPP), entre otras organizaciones.
La declaración recibió también las firmas de académicos y expertos como Ana Castellani, Marcelo Leiras, María Esperanza Casullo, Rafael Gentili, Nicolás Freibrun, Martín Astarita, Pablo Vommaro, Sandra Torlucci, Tomás Aguerre y Martín Astarita, entre otros.
El proyecto de reforma de la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos fue aprobado por el Senado el 16 de abril pasado, luego de casi un año de negociaciones entre Cambiemos y el Bloque Justicialista en torno al contenido de la iniciativa. En la Cámara de Diputados, el oficialismo espera poder darle sanción definitiva antes de que finalice mayo.
