El Estado fue nuevamente denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
Esta vez, la acusación es por “persecución” y “criminalización” a testigos y abogados de la causa a los que el Ministerio de Seguridad y la Gendarmería acusan de falso testimonio y señalan como integrantes de una presunta asociación ilícita.
La presentación internacional fue realizada por los abogados Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, de la organización Naturaleza de Derechos, que impulsó y consiguió la primera medida cautelar contra el Estado tras la desaparición del joven y cuando el Gobierno planteaba hipótesis falsas, como que estaba en Chile o que sido había herido por un puestero de Benetton.
Cabe recordar, que después del levantamiento de la cautelar, la estrategia oficial pasó a ser
desacreditar con denuncia penales a testigos que comprometen a la Gendarmería, para instalar que Maldonado se ahogó y la fuerza de seguridad que lo perseguía junto a un grupo mapuche no es responsable de nada, aún cuando la causa seguía caratulada como desaparción forzada.
La denuncia de Gendarmería habla de falso testimonio y focaliza en dos miembros de la comunidad Pu Lof en resistencia de Cushamen y habla también de una asociación, en la que
arrastra a organismos, abogados y medios de comunicación sin especificar. La acusación que realizada ante el juez Guido Otranto, que había sido desplazado de la investigación original sobre la desaparición de Maldonado y se juntó con la denuncia del Ministerio de Patricia Bullrich contra ocho testigos.
Al levantar la cautelar, la CIDH dijo que el Estado argentino “se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte del propuesto beneficiario. En este sentido, corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representantes”.
Cabaleiro y Quintana dicen en su nueva presentación
en la Comisión que “el Estado ha hecho no solo caso omiso a ese pedido de la CIDH, sino todo lo contrario, ha perseguido penalmente a los testigos con imputaciones vagas por hechos que refieren a protestas reclamando sus derechos de pueblos originarios y la detención arbitraria del Lonko Jones Huala y el de falso testimonio, en plena investigación penal sobre la muerte de Santiago Andrés Maldonado. Es más, ha profundizado su proceder persiguiendo a los defensores de derechos humanos y es lo que motiva nuestra denuncia urgente”.
Los abogados argumentaron que “la denuncia penal del Estado Argentino a través de una de sus fuerzas, Gendarmería Nacional (miembros de la cual aún sigue siendo investigados, es claramente persecutoria y pretende criminalizar un obrar absolutamente legítimo que representa el ejercicio de un derecho humano reconocido en la Constitución Nacional y Convenios internacionales de Derechos Humanos, como el de peticionar y denunciar la violación de derechos humanos”.
En la presentación, además dvierten que, se les trata de dar a los abogados defensores de derechos humanos el carácter de “enemigos del Estado”, por denunciarlo. Se intenta, así, desde el propio Gobierno invertir las responsabilidades. Es una “estigmatización a través de la manipulación de los procesos penales”, advierten los abogados. Piden una intervención urgente porque ven en peligro su libertad de “ejercer plenamente el derecho de abogar como abogados defensores de derechos humanos” y su “libertad personal” a partir de los delitos que se les atribuyen y en un país donde está en boga una dura doctrina.
