El juez federal Ariel Lijo elevará a juicio este viernes o a principios de la semana próxima la causa que fue conocida como el escándalo Siemens, en el que se había hecho un contrato fraudulento para la fabricación de DNI argentinos. En el negociado intervino el grupo Socma de la familia Macri, asociado a Siemens, pero la Cámara Federal revocó el procesamiento de sus ejecutivos, entre ellos Orlando Salvestrini, íntimo de Mauricio Macri.
En el contrato se establecía que cada argentino pague 30 dólares por DNI, por lo que con 40 millones de habitantes, la empresa alemana se llevaba 1.200 millones de dólares. Sin embargo el acuerdo fue anulado por leonino (ventajoso para una sola de las partes) e ilegal por el gobierno de Fernando De la Rúa y luego, en 2009, el gobierno de Cristina Kirchner, a través del ministerio del Interior hizo la renovación del DNI con una inversión que no superó los 40 millones de dólares.
Por su parte
Lijo mandará a juicio principalmente a los directivos de Siemens involucrados, según indicó Página 12. La empresa confensó en Estados Unidos haber utilizado prácticas corruptas en casi 100 países, en donde habrían alterado las reglas de la competencia. La SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, le impuso las multas y de esta manera, más la confesión, Siemens siguió operando en territorio norteamericano.
Vínculos entre Socma y el escándolo Siemens
En primer lugar
apareció asociada suministrando software mediante una empresa llamada Itron. Una vez ganada la licitación, Itron fue comprada por Siemens en 36 millones de dólares por el 60 por ciento, cuando con seis millones había pagado por el 40 por ciento. Se supone que allí hubo un pago por haber facilitado las cosas en la licitación. En segundo lugar
, la empresa de la familia Macri estaba asociada a Siemens porque el reparto de los DNI lo iba a hacer el Correo Argentino, en manos de los Macri. También eso se derivó hacia otra empresa.
Por esta razón el juez Lijo procesó a Salvestrini y a otros dos ejecutivos del grupo. Sin embargo la Cámara Federal, en 2014, revocó el procesamiento.
