Siguiendo las recientes polémicas sobre los cambios operados en el área de cultura del gobierno de la provincia de Buenos Aires recordé una antigua editorial firmada por Pablo Mendes Calado para la publicación Revista Gestión Cultural sobre la asunción de las nuevas autoridades de la entonces Secretaria de Cultura de Presidencia de la Nación.
La nota se titulaba “¿Necesitamos un Secretario o una Secretaría?” y en la misma el autor reflexionaba sobre la polémica entre la necesidad de estructura versus necesidad de proyecto, a partir del relato de una anécdota del entonces Secretario de Cultura Torcuato Di Tella, quien, en el marco de unas Jornadas Nacionales de Políticas Culturales organizadas por la UNTREF y ante la mayoría de los Secretarios y Directores de Cultura provinciales, anunció como principal línea política de su gestión un plan para incrementar el presupuesto de la repartición a su cargo generando el comentario de varios de esos, entonces, nuevos dirigentes culturales, que pidieron desplazar el eje de la cuestión del «cuánto se gasta» al «en qué se gasta»; el mensaje era claro: «¿cuál es el sentido de un mayor gasto cuando es la organización misma la que carece de sentido?». Un ejemplo claro de esto se da con el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto más importante de nuestro país en cultura, sin embargo, aplicado a un proyecto cultural excluyente, represivo e irrespetuoso de la diversidad y los derechos culturales, y orientado principalmente a pensar a la cultura como recurso, aunque para ser más preciso, debería decir como negocio, creativo, pero negocio al fin.
Entiendáse bien, de ninguna manera estoy diciendo que fortalecer al sector cultural con más presupuesto o estructura no sea deseable o necesario, no. Sólo estoy señalando que, a veces, que más recursos no significan necesariamente mejores políticas culturales.
Ahora, el caso de la provincia de Buenos Aires es emblemático. Si bien los derechos culturales están reconocidos en la Constitución provincial (Art. 198), la carta magna bonaerense también indica su estrecha vinculación con la Educación, definiendo, inclusive, su gestión conjunta. Esta situación provocó que durante muchísimo tiempo las políticas culturales estuviera subsidiadas a las políticas educativas, y nunca en viceversa. Esa subordinación recién pudo ser cambiada en el año 2003, a partir de la sanción de la ley N° 13.056, también conocida como “ley de cultura de la provincia de Buenos Aires”. El proceso de construcción de esta ley fue realmente innovador y participativo. Impulsado por la entonces Subsecretaria de Cultura de la provincia, Cristina Álvarez Rodríguez, el proyecto de ley fue discutido y debatido en los 132 distritos de la provincia de Buenos Aires. De hecho, la creación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires (ICBA) fue modelo e inspiración para otras jurisdicciones, como por ejemplo el Instituto de Cultura de la provincia de Chaco, creado por ley en el año 2008; además de convertir a la institución en una gran dinamizadora de los procesos de jerarquización de la gestión cultural, a nivel provincial, pero también a escala nacional, como fue la organización, junto al CFI y a la Secretaría de Cultura de la Nación, del primer Congreso Argentino de Cultura en 2006. Dos de las cuestiones más destacables que la ley incluía en su texto eran el reconocimiento de la cultura como derecho inalienable de los bonaerenses, cumpliendo con el mandato constitucional, y la innovadora inclusión de un consejo para la democracia cultural, con representación regional de los diversos territorios - regiones culturales creadas para tal fin - y de los trabajadores de la cultura. Mucho podrá decirse de la deficitaria implementación de la ley en estos 12 años, hay quienes hablarán de los distintos “Institutos” que fueron posibles según sus conducciones, pero sin dudas, desde aquella necesaria escisión de 2003, para el sector cultural el balance fue positivo.
Pero vientos de cambio están llegando a nuestra región, y en la cultura bonaerense, los cambios empezaron rápido. Tal es así que en febrero de este año nos enteramos que nuestra tan querida ley de cultura no era tan buena, ya que nuestra gobernadora, de repente y de un plumazo, la hizo desaparecer. Solo necesito excluir al Instituto Cultural de la ley de Ministerios, colocando en su lugar una humilde Secretaria dependiente de la gobernación.
Mucho se dijo en el momento sobre la pérdida de jerarquía, pero poco se habló de los cambios de la política cultural contenidos en esta ley. Cuando uno lee las funciones de la nueva Secretaría de Cultura puede verificar que el gobierno bonaerense ya no entiende a la cultura como derecho, entonces mucho menos esperar que considere un espacio de participación para la definición de las políticas públicas.
Pero como está sucediendo con varias de las iniciativas gestionadas por el “cambio”, el despreparo y la improvisación son regla, por eso, la última semana, los bonaerenses pudimos saber que ahora la provincia iba a tener un Ministerio! y de Gestión Cultural! Así es, recalculemos dijeron - seguramente más por cuestiones administrativas que políticas - y modificaron, entre gallos y medianoche, la ley de Ministerios, sumando, ahora sí, el Ministerio de Gestión Cultural. Pero habrán recalculado también la política? Esa fue la primera pregunta que me hice, y rápidamente fui a buscar el proyecto aprobado por nuestra legislatura. Y como me imagine, nada había cambiado. Tenemos Ministerio, si, celebremos, pero en términos políticos, o de política cultural, para el gobierno es lo mismo, de hecho copiaron exactamente las funciones que le habían asignado a la Secretaria, ¿muy innovador y creativo, no?. Seguimos sin reconocer los derechos culturales, sin fomentar la diversidad, y lo que es más frustrante, parece ser que en esta revisitada tecnocracia que nos trae el “cambio”, la gestión vuelve a ser el mejor concepto para reemplazar a la política, o para ser más precisos, a la falta de ella.
