26.03.2025 / CÓRDOBA
Repudiable: un caso de brutalidad policial pone en jaque a un ministro estrella de Llaryora
La muerte de Guillermo Bustamante en una estación de servicio de Córdoba Capital ha generado una conmoción en toda la provincia y está poniendo en crisis al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. Este funcionario, de estrechos vínculos con Patricia Bullrich y hasta ahora figura ascendente en el firmamento cordobesista, enfrenta ahora un fuerte cuestionamiento debido al accionar de la policía en el caso.
La muerte de Guillermo Bustamante en una estación de servicio de Córdoba Capital generó gran conmoción en toda la provincia y pone en crisis a ministro de Seguridad provincial, de buen vínculo con Patricia Bullrich y hasta ahora figura ascendente en el firmamento cordobesista.
Los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en la estación de servicio de Villa Páez hacen acordar a las imágenes que recorrieron el mundo en el año 2020 y que provocaron diversos estallidos sociales en varias ciudades de Estados Unidos: al igual que con George Floyd, se ve a un grupo de policías cordobeses encima de un ciudadano desarmado al que tienen inmovilizado en el piso. Lo están asfixiando, producto de la presión que ejercen con sus cuerpos y elementos de disuasión.
Una regla no escrita en los manuales de comunicación política dice que antes de salir a respaldar un operativo policial que termina con alguna víctima fatal hay que esperar algunas horas, porque la versión de los uniformados presentes en el lugar no suele ser del todo fidedigna. Es lógico que después de pasar por una situación de extrema tensión, los agentes tengan afectada la capacidad metal que permite retener y recuperar información del pasado inmediato, y la misma se encuentre enturbiada por la necesidad de acomodar el relato a la conveniencia propia, cuando no al encubrimiento.
Sin embargo, los políticos, en especial aquellos que se encuentran enrolados en la corriente de pensamiento auto definida como "mano dura", incurren una y otra vez en el error de avalar la versión policial de primera mano sin beneficio de inventario. Fue lo que le ocurrió a Juan Pablo Quinteros, recio ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba con pasado en el juecismo y uno de los nombres que baraja el gobernador Martín Llaryora para encabezar la lista de diputados nacionales en una elección que asoma difícil para el peronismo cordobés, que todavía espera una definición del exgobernador Juan Schiaretti.
La cartera que conduce Quinteros, y por carácter transitivo el gobierno provincial en su conjunto, pasó de avalar la versión policial que acusaba a Bustamante de haber agredido a los policías, a tener que desdecirse 24 horas más tarde frente a la evidencia recolectada por el fiscal Guillermo González, quien dispuso la imputación y detención de los cinco efectivos policiales que quedaron involucrados en el operativo de la madrugada del 24 de marzo que terminó con la muerte del hombre de 39 años, padre de dos hijos, casado con Agustina Escotorini y colocador de Durlock.
Según las investigaciones del fiscal, Bustamante falleció tras la presión que ejercieron sobre él los policías que lo detuvieron e inmovilizaron tras una discusión con el playero de la estación de servicio por la carga de combustible. Testigos y cámaras de seguridad registraron un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los oficiales, y aunque la autopsia preliminar no determinó la causa exacta de la muerte, se detectaron golpes en el cuerpo del fallecido.
La investigación sigue en curso, y se esperan más pruebas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Es un caso que ha puesto en debate el accionar policial y la necesidad de justicia. Entre los detenidos están el subinspector Marcos Guzmán Altamirano, el oficial ayudan Nicolás Bulacio y el cabo Juan Martín, los tres imputados por el delito de “homicidio calificado por abuso de sus funciones en calidad de miembros de las fuerzas policiales” como coautores.
Mientras que el oficial inspector Walter Perfumo está acusado de “encubrimiento por no denunciar la perpetración de un delito, doblemente agravado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público”. Por último, el sargento Mariano Córdoba está acusado de la imputación de omisión de los deberes de un funcionario público en calidad de autor.
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