El Gobierno ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para identificar a los barrabravas que "promovieron disturbios" en el Congreso

Tras la brutal represión en marcha de los jubilados del miércoles pasado que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justifica con violentos y los barra bravas, el Gobierno estableció una serie de medidas y ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para quien aporte datos que permitan identificar a los "autores y responsables de haber promovido disturbios y delitos en la zona del Congreso".

Además de pedir el allanamiento y detención de 29 personas, el miércoles a la medianoche se publicó la Resolución 357/2025 en el Boletín Oficial, donde se estableció la recompensa por datos para la identificación. En el artículo 1 el Globierno dispuso: “Ofrécese como recompensa, dentro del territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles, precisos y concretos que permitan identificar y lograr la captura de los autores y responsables de haber promovido disturbios y delitos en la zona del Congreso Nacional el 12 de marzo de 2025″.

En la resolución se aclaró que aquellas personas que cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los poderes judiciales y los Ministerios públicos.

La propia Resolución, que lleva la firma de la ministra de Seguridad, sostiene que durante la marcha ocurrida el pasado 12 de marzo, “grupos organizados y barras bravas de diferentes parcialidades futbolísticas, con la excusa de apoyar una manifestación de personas jubiladas, promovieron disturbios con fines desestabilizadores en la zona del Congreso Nacional". Y consideraron que estos grupos, “nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas, una vez que arribaron a la zona del Congreso Nacional, comenzaron a agredir a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego".
Además, explicaron que la necesidad de “los precitados grupos violentos, incendiaron una moto policial y un patrullero, pertenecientes a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, dañaron bienes públicos -entre los cuales se cuentan NUEVE (9) vehículos- y lesionaron a más de una docena de efectivos policiales”. Y consideraron que es “claro y evidente que los referidos grupos ejercieron actos de violencia de extrema gravedad, de forma premeditada y organizada, puesto que arribaron a la zona del Palacio del Congreso de la Nación munidos de instrumentos contundentes, armas blancas, armas de fuego, clavos de tipo miguelito, elementos para iniciar incendios, entre otros objetos inequívocamente destinados a agredir, a causar daños y a lesionar", sostuvo Bullrich en la resolución.

Y volvieron a insistir en que se trató de “una movilización organizada con el objetivo de impedir el ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional, según lo tipificado en el artículo 226 del Código Penal de la Nación”.

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