27.02.2025 / REPUDIO
“Idiota”, “imbécil”, “débil mental”: El Gobierno insultó a las personas con discapacidad en una resolución para recortar más pensiones
En su búsqueda de profundizar la motosierra sobre las pensiones por discapacidad, el Gobierno y en particular la Agencia Nacional de Discapacidad generó repudio al usar términos obsoletos, violentos y denigrantes como "idiota" en un anexo oficial al referirse a la comunidad de Personas con Discapacidad.
por Morena Marcos
El Gobierno de Javier Milei utilizó términos denigrantes y ofensivos para referirse a las personas con discapacidad intelectual en un documento oficial que se puede leer acá y desató una ola de indignación y repudio a nivel nacional e internacional. La Agencia Nacional de Discapacidad, bajo la dirección de Diego Spagnuolo —abogado personal del presidente Javier Milei—, publicó la Resolución 187/2025. Allí se clasifica a las personas con discapacidad intelectual bajo términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, basándose en su coeficiente intelectual (CI).
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Argentina, establece claramente que “toda persona con discapacidad debe ser tratada con dignidad y respeto”. Este documento oficial viola de manera flagrante esas prerrogativas.
EL ANEXO
El anexo del repudiable documento en cuestión detalla una clasificación que divide a las personas con discapacidad intelectual en tres categorías según su CI:
- 0-30 (idiota): Se describe a estas personas como incapaces de leer, escribir, controlar esfínteres o atender sus necesidades básicas.
- 30-50 (imbécil): Se afirma que pueden realizar tareas rudimentarias pero no leer ni escribir.
Estas definiciones, además de ser científicamente obsoletas, perpetúan estereotipos dañinos y reducen a las personas con discapacidad a meras categorías deshumanizantes. Lo más grave es que este lenguaje muestra un desconocimiento profundo de los avances en materia de inclusión y derechos humanos.
En 1997, se reconoció que la discapacidad no es un impedimento para trabajar, pero que las personas con discapacidad enfrentan barreras estructurales que requieren apoyo y políticas públicas adecuadas. Este documento oficial ignora estos avances, y también representa un retroceso histórico en la lucha por la dignidad y la igualdad.
“Con esa resolución, el Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Orlando Spagnuolo, desconoce (y con ello, el Ejecutivo Nacional a quien representa) de manera abierta, explícita y alarmante el modelo social y de derechos humanos que incorporó nuestro país al adoptar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al sancionar la Ley 26.378 e incorporarla, luego, a la nómina de documentos internacionales (ley N° 27.004) con jerarquía supralegal (Art.75, inc.22 de la Constitución Nacional). Y, mejor aún, simula, porque a esta altura de su cargo, ya debió empaparse de algunos conceptos; alguien lo debió haber ilustrado”, expresó a Política Argentina, la abogada Cecilia Pazos, ex Secretaria de la Comisión Nacional de Discapacidad (hoy ANDIS).
La letrada, también ex coordinadora del Área de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Nación, refirió a este medio que “el llamado “modelo médico” de discapacidad que, durante el año 2024 y lo que va del 2025, exhibe impunemente la Agencia Nacional de Discapacidad bajo su cargo y responsabilidad, por oposición al modelo social y de derechos humanos, está vigente en cada determinación que le impone al colectivo de discapacidad, en su carácter de máxima autoridad de la Agencia”.
HISTORIA
En este sentido, consultada por PolArg, Pazos sostuvo que “desde el antiguo modelo griego de la prescindencia de las personas con discapacidad, al de la inclusión social y de derechos humanos, se pasó por otras miradas: la de la caridad, la enfermedad, la rehabilitación; siendo una amalgama de los dos últimos, el modelo preponderantemente médico, el que se mantuvo vigente hasta la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) y persistió aún después de ella en normas no modificadas (como es el caso de las pensiones no contributivas) que le permitieron, de alguna manera, continuar con esa vigencia”.
En oposición a los contextos de otras legislaciones de países vecinos, Argentina, en los últimos años adhirió a la Convención antes mencionada, producto del empuje militante de las organizaciones de y para personas con discapacidad, para asegurar su participación plena y evitar el regreso a conceptos obsoletos, asociados a la intervención médica.
“Gran parte, sino todos estos conceptos caducos, están presentes en el lenguaje utilizado por el abogado director, en su última resolución degradante. Atrasa varias décadas y obedece a la indiferencia, al desconocimiento absoluto de la evolución social y de políticas públicas de discapacidad y queda en la zona de lo discriminatorio: evaluación médica de invalidez, secuela invalidante, trastorno funcional medible, alteración psíquica evaluable, valoración del grado de deterioro psicofísico de los solicitantes, retraso mental, idiota, imbécil, débil mental”, consideró Cecilia Pazos al concluir la entrevista con Política Argentina.
Lo más leído
