La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, volvió a apuntar contra el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y lo responsabilizó por las frecuentes fugas de presos de las comisarías porteñas. Ya se había cruzado por este mismo tema con su par, Waldo Wolff.
A través de una extensa carta, presentó una serie de datos en respuesta a los cuestionamientos por parte de la Ciudad y sostuvo que desde Nación se están tomando medidas para "resolver la problemática de los presos en las comisarías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires".
También recordó que todas estas propuestas fueron solo un "paliativo", ya que "la solución era que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires termine y entregue el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz que se comprometió a realizar en 2018 y que podría haber alojado a 2240 presos, pero que, por
decisión política de esta gestión de la Ciudad y de la anterior, sigue sin cumplirse. La cárcel tendría que haber sido entregada en 2020″.
La ministra aseveró que "fueron malas decisiones políticas que hoy pagan los porteños con su seguridad y los argentinos con su bolsillo" y lanzó:
"En la gran mayoría de las jurisdicciones provinciales hay exceso de presos alojados en comisarías, pero no a todas ellas se les escapan presos todas las semanas".
Además, explicó que actualmente el SPF alberga a 11.500 internos, de los cuales 6.000 son presos de la CABA que están siendo juzgados por delitos comunes, lo que genera un costo anual de $156.639.750,000.
"Si un ciudadano de la provincia de Santa Fe paga por el Servicio Penitenciario Federal y por el Servicio Penitenciario Provincial, y por la decisión política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
no hacerse cargo de sus presos, también paga por el costo de mantenimiento de los detenidos de la CABA", apuntó.
Al final de su carta, Bullrich criticó la presentación de hábeas corpus realizada la semana pasada por el Gobierno de Jorge Macri: "Recientemente, se ha filtrado información falsa a la prensa de manera maliciosa, y representantes cercanos al Gobierno de la Ciudad han iniciado diversas acciones legales de hábeas corpus con el objetivo de forzar el ingreso masivo de internos al Servicio Penitenciario Federal".
En ese sentido, reiteró: "Esto resulta materialmente imposible debido a la falta de plazas, una situación que se debe al incumplimiento de la Ciudad con la entrega del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz".
Bullrich se refirió a la última presentación realizada, que busca obligar al SPF a recibir más presos, luego de un primer revés judicial en el fuero federal: "Frente al rechazo de esta primera acción, de forma inmediata y maliciosa se interpuso otra con el mismo objetivo, pero ahora se eligió a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad".
Y sostuvo que "este nuevo planteo fue resuelto de un modo vergonzoso, sin siquiera citar al Servicio Penitenciario Federal para que exprese las razones de la imposibilidad de recibir más presos de los que a diario recibe. Esta
aberración jurídica, por haberse violado las más elementales reglas del debido proceso, fue inmediatamente apelada por el Servicio Penitenciario Federal y no está firme":
Sin mencionarlo directamente, Bullrich lanzó una crítica hacia su par porteño, Waldo Wolff: "En medio de una negociación política para la transferencia de competencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las autoridades de su gobierno, a través de diversos mecanismos, están socavando la buena fe fundamental que debe prevalecer en toda negociación seria".
La carta de la ministra nacional concluye con un pedido y una advertencia: "Esta administración no va a aceptar
ningún tipo de coerción directa ni indirecta. Nuestra competencia primaria es combatir los delitos federales. Esperamos que [usted] en su carácter de jefe de Gobierno y las demás autoridades políticas de la Ciudad se hagan cargo de las responsabilidades que les corresponden para asegurar la seguridad pública de los porteños, que cumplan con el mandato que les otorga su propia Constitución, que retomen la buena fe en las negociaciones y que alivien la situación económica del resto de los argentinos que con sus impuestos mantienen a los internos que cometen delitos en la ciudad".