27.01.2025 / Política
Eliminación de las PASO: el Gobierno mete por la ventana la privatización de la democracia
Dentro del proyecto que busca eliminar o suspender las Primarias, la gestión de Milei incluyó la eliminación de la publicidad audiovisual gratuita y del aporte público en las campañas electorales, mientras busca ampliar los límites de los aportes privados.
En medio del debate entre la suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Gobierno de Javier Milei impulsa un proyecto para eliminar todo el aporte estatal en la financiación de los partidos políticos en las campañas electorales y amplía los límites establecidos para los aportes privados. La iniciativa libertaria lo que podría poner en riesgo la democratización por el aumento de influencia del poder económico en la vida política.
La reforma política y electoral estaba incluída en la primera versión de la “Ley Bases” que, además, de la eliminación de las PASO y el cambio a la financiación, proponía cambiar el sistema de partidos reduciendo su cantidad tanto a nivel nacional como subnacional, mediante requisitos más exigentes para su creación y su permanencia, entre otras cuestiones. Sin embargo, en medio de las negociaciones todo quedó afuera.
Sin darse por vencido, en noviembre, el Poder Ejecutivo volvió a enviar la reforma al Congreso bajo el título de “Reforma para el Fortalecimiento Electoral”. Si bien con la inclusión de este proyecto en el llamado a sesiones extraordinarias el debate público quedó concentrado en la realización o no de las primarias, tal como señala la Sebastián Abrevaya en una artículo para Página 12, el Título II de la norma implica una alteración profunda y sustantiva en la dinámica política que podría inclinar las contiendas electorales a favor de los partidos más grandes y respaldados por los privados, mientras los más pequeños quedaría fuera de carrera. Así bajo la consigna libertaria de “no hay playa” se pondría en jaque la competencia electoral en igualdad de condiciones.
En sí, la ley actual prevé en su Capítulo III un "aporte público extraordinario" para las campañas electorales, establecido anualmente en la Ley de Presupuesto -que el oficialismo se niega a debatir en el Congreso Nacional-. Este capítulo completo es derogado en el proyecto libertario. Lo mismo ocurre con el Capítulo III bis, que establece el reparto de publicidad gratuita en servicios de comunicación audiovisual. Entre otras cosas, se deroga el artículo que obligaba a destinar el 35 por ciento de los recursos de publicidad digital a sitios periodísticos nacionales y otro 25 por ciento a sitios periodísticos provinciales. En definitiva, sólo quedarían los fondos públicos para sostenimiento institucional y las campañas sólo tendrán financiamiento privado.
El proyecto libertario elimina por completo el tope máximo de gastos de campaña, es decir, se puede gastar todo el dinero que se quiera, tampoco hay límite a la cantidad que se logre juntar. Y, además, pasa de 2 por ciento al 35 por ciento el aporte que una sola persona física o jurídica puede realizar, sobre el total de la campaña. Es decir, se puede gastar sin límite y cada aportante puede hacerlo por un valor 17,5 veces mayor. Lo que implica privatización de la competencia electoral donde ganan los que más tienen.
Al tratarse de reformas en materia electoral, la Constitución Nacional determina que deben aprobarse con la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara. Es decir, 129 diputados y 37 senadores. El oficialismo y sus aliados se encuentran en pleno proceso de negociación para fijar el cronograma y juntar los votos para los siete proyectos que envió Milei para las extraordinarias. Fuentes que participan de las conversaciones con el Gobierno aseguraron a Página 12 que si no se llega a tratar antes del 21 de febrero, volverán a la carga después del 1 de marzo, cuando comienza el período ordinario de sesiones.
Lo cierto es que buena parte del ajuste presupuestario ya se realizará con la eliminación o la suspensión de las PASO, así como con la implementación de la ya aprobada Boleta Única en Papel, que entre otras consecuencias reducen considerablemente el dinero destinado al proceso electoral.
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