El
Gobierno de Bolivia expresó su preocupación ante el polémico anuncio de Argentina de
construir un alambrado de 200 metros en la frontera que comparten ambos países, específicamente en la localidad de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, y la ciudad boliviana de Bermejo, en el departamento de Tarija.
A través de un comunicado, la cancillería boliviana recordó el domingo que “
los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia advirtió que “
cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos” e informó que
solicitará información oficial mediante los canales diplomáticos correspondientes para evaluar las acciones pertinentes.
“Bolivia continuará apoyando el diálogo constructivo como la vía para solucionar los asuntos de común interés”, concluyó el comunicado.
El plan del Gobierno de Javier Milei plantea la construcción de
un alambrado que se extenderá desde la terminal de buses hasta los puestos de control del Puerto de Chalanas, en la localidad de Aguas Blancas, Salta, en la frontera con Bolivia. La medida fue anunciada por
Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, quien aseguró que la iniciativa responde a una solicitud del Ministerio de Seguridad, encabezado por
Patricia Bullrich. Una idea que parece copiada de Donald Trump y su muro.
Zigarán explicó que el objetivo es evitar el paso irregular de personas hacia las chalanas —embarcaciones pequeñas que conectan ambos países por el río Bermejo—, obligándolas a transitar exclusivamente por las oficinas de migraciones. “El plan es generar un
cerrojo en forma de L, donde gendarmes y militares de la Prefectura Naval eviten que las personas circulen hacia el sur de la terminal; obligándolas a recorrer el perímetro del alambrado hacia las oficinas de Migraciones”, especificó Zigarán.
Lo cierto es que el anuncio no fue tomado de manera feliz por los funcionarios bolivianos, El ministro de Justicia de Bolivia,
César Siles, calificó la decisión como
una vulneración de los principios de convivencia pacífica y una posible contravención a los tratados internacionales.
“Consideramos que el mandato del Presidente de Argentina es vulneratorio de los principios más elementales de la convivencia pacífica en el nivel internacional. Esto iría en contra de los tratados internacionales”, declaró Siles, quien también
solicitó: “Tanto Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) deberían conminar estas determinaciones, esperamos que solo sea un anuncio y no algo real. Esperemos que el presidente de Argentina pueda reflexionar”, agregó.
El Presidente boliviano,
Luis Arce, se había comprometido anteriormente a mantener relaciones diplomáticas firmes con Argentina, pese a las diferencias ideológicas con el gobierno de Milei. Sin embargo, las tensiones entre ambos países han ido en aumento, especialmente tras las acusaciones realizadas en abril de 2024 por la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, sobre la supuesta presencia de grupos armados iraníes en Bolivia cerca de la frontera.