En medio del momento de mayor alineamiento con el rumbo que señala Estados Unidos de la mano de Donald Trump,
el Gobierno de Javier Milei prepara una reforma migratoria que no sólo busca restringir la entrega de residencias a extranjeros a través de mayores controles, sino que también se mezcla con la idea de cobrarles por los servicios de salud y educación y a la vez reforzar las fronteras con el conflicto entre Israel e Irán como argumento.
En lo que está trabajando el Poder Ejecutivo, en primer lugar, es en un proyecto que modifica la Ley de Migraciones (25.871). Planean enviarlo al Congreso durante las sesiones ordinarias.
En realidad, denominar a la iniciativa, según lo que el propio Gobierno hizo trascender, como reforma, es maquillaje. La normativa vigente ya exige, por ejemplo, la cédula de identidad o el pasaporte, la partida de nacimiento del país de origen, el certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino. Es decir, no es cierto que cualquier extranjero, con antecedentes o sin hijos argentinos, puede pedir la residencia y obtenerla.
No obstante, la administración libertaria se agarra de que era laxo el régimen de controles para la entrega de residencias a los estudiantes extranjeros. Se podría decir que, si sigue siéndolo, quien aplica los controles en la actualidad es el gobierno de Milei. Lo que hacen desde Nación es denunciar que no hubo un control directo de la presentación de la documentación durante la gestión anterior, con la mención a frases no acompañadas de estadísticas o documentos probatorios como que “los extranjeros estudiaron solo dos meses y se quedaron a vivir en la Argentina”.
La referencia es el programa de regularización Patria Grande, que fue impulsado bajo la presidencia de Néstor Kirchner y regularizó 565.831 individuos hasta el 2007. La iniciativa estableció que los ciudadanos de países miembros del Mercosur puedan obtener la residencia mediante la presentación de su nacionalidad y la carencia de antecedentes penales.
Los libertarios, tal como anunció el vocero Manuel Adorni, también van por medidas de arancelamiento sanitario y universitario a extranjeros no residentes. Vale aclarar que las educación superior no admite ciudadanos extranjeros no residentes, por lo cual el "cambio" que aplicaría en ese punto el Gobierno no tiene sentido.
El encargado de trabajar la iniciativa es el equipo del director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, que depende del vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán.
Por otro lado, el plan también es reforzar el control fronterizo en el norte. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es quien está a cargo de esa línea de trabajo, para lo cual lanzó el plan Güemes en la provincia de Salta. Se trata de, básicamente, el refuerzo de agentes de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura e Inteligencia Criminal en el límite con Bolivia. Ninguna inversión en tecnología ni acuerdos con dicho país para los controles cruzados.
En Casa Rosada buscan vender la reforma migratoria como parte de una política restrictiva que el Ejecutivo busca impulsar para prevenir la llegada de enemigos extranjeros al país. Una mezcla de que no entren bolivianos sin documentación con el peligro de terroristas de oriente medio.
“Nuestro alineamiento internacional a favor de Israel nos lleva a tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”, expresan en Nación según fuentes a las que accedió TN.
Por eso mismo también quieren sumar colaboración de las Fuerzas Armadas en las fronteras y en el territorio interno. A ese destino irían los dos decretos para habilitarlas a operar contra organizaciones terroristas y carteles del narcotráfico de otros países que busquen operar en la Argentina.