El ex diputado nacional Alejandro Cacace, abogado egresado de Harvard, se incorpora al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado como nuevo subsecretario de Reformas Estructurales. La noticia fue confirmada por el ministro Federico Sturzenegger, quien destacó a Cacace como un aporte clave para impulsar la agenda de reformas del Gobierno. "Alejandro no solo nos ayudará a empujar la intensa agenda parlamentaria que tenemos planificada, sino que también nos aporta músculo para acelerar las reformas desregulatorias", expresó Sturzenegger en sus redes sociales.
La incorporación de Cacace ocurre en un momento crítico para el oficialismo, que enfrenta una cuenta regresiva de "215 días de facultades delegadas" para implementar su programa de reformas. En este sentido, el Ministerio busca acelerar los procesos de desregulación, apoyado en propuestas ciudadanas recopiladas a través del portal “Reportá la burocracia”. Más de 4.500 sugerencias de ciudadanos han sido registradas, enfocándose en eliminar normas que obstaculizan la actividad económica.
Cacace, que cuenta con una trayectoria política significativa, ha sido secretario parlamentario de la Unión Cívica Radical (UCR) y asesor en la Auditoría General de la Nación. Su experiencia incluye, además, su labor como docente en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Su llegada al Ministerio de Sturzenegger se da en un momento de fuertes definiciones dentro de la UCR, un sector que busca reposicionarse luego de varios conflictos internos, particularmente con figuras como Facundo Manes y Martín Lousteau.
Dentro de su nuevo rol,
Cacace tendrá un enfoque técnico, aunque su experiencia política se considera esencial para gestionar resistencias tanto dentro del oficialismo como en la sociedad. Se espera que su prioridad sea facilitar la interacción entre la oferta y la demanda en el ámbito privado, alineándose con el polémico Decreto 1055/24, que busca eliminar barreras legales y administrativas para liberar la economía. Esta incorporación forma parte de una estrategia del Gobierno de reducir un 30% los cargos políticos y eliminar áreas que no considera esenciales para el funcionamiento del mercado.
