La Cámara Federal de Casación Penal Comodoro Py ordenó reabrir una causa contra la expresidenta
Cristina Fernández de Kirchner por enriquecimineo ilícito frente a presuntas "inconsistencias en las declaraciones juradas".
La decisión fue tomada por los jueces
Leopoldo Bruglia y
Pablo Bertuzzi, que sostuvieron que había que "profundizar la investigación" mientras que, por otro lado, el magistrado Mariano Llorens afirmó que había que llamar a la exfuncionaria a indagatoria. Anteriormente el Juez Julián Ercolini, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, archivó la denuncia ya que entendieron que se trataba de detalles menores que no "constituían delito".
En detalle, el escrito de la Justicia actúa contra la decisión del 5 de junio pasado en donde "el juez de primera instancia dispuso homologar el pedido efectuado por el fiscal y procedió a archivar la investigación sin más trámite". Ahora, la causa reabierta busca
investigar "inconsistencias y omisiones en las declaraciones juradas de Cristina Fernández, en el período comprendido entre 2010 y 2014 (ambos inclusive)" y destaca que estas inconsistencias habrían ocurrido "a partir de la disolución de la sociedad conyugal" tras la muerte del expresidente Néstor Kirchner.
En este sentido, los jueces Bruglia y bertuzzi explicaron que "la homologación del archivo en relación con dicho delito no tiene carácter definitivo, ya que fue declarada por imposibilidad de proceder, dejando abierta la posibilidad de su reapertura".
Posteriormente en el documento judicial, los magistrados enumeraron
las "inconsistencias y omisiones" en las declaraciones juradas. Los jueces consideraron "erróneas exteriorizaciones de los bienes y deudas", además de "la exclusión de los dos inmuebles ubicados en Río Gallegos a partir de las declaraciones juradas del año 2012.
En minoría, el magistrado Llorens, sostuvo que no solo había que reabrir la causa y avanzar en la investigación, sino que debían llamar inmediatamente a indagatoria a Cristina Kirchner, sobre la base de una mirada “conglobada” con el resto de los expedientes. Según detalló, para él los datos se tratan de “un eslabón en toda la cadena de hechos ilícitos que habrían sido cometidos por Cristina Fernández y su entorno, por los cuales actualmente está siendo investigada”.
De esta manera la cámara resolvió: "
Revocar la decisión del 5 de junio pasado en todo cuanto ha sido materia de recurso, el magistrado debiendo de grado ordenar la realización de un peritaje contable estableciendo los puntos de pericia que estime pertinentes".
