La Inspección General de Justicia (IGJ) tomó una decisión crucial al suspender la reelección anticipada de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente de la AFA, en una medida que subraya la tensión entre el Gobierno de Javier Milei y la cúpula del fútbol argentino. La resolución, adoptada el 15 de octubre de 2024, declaró “la irregularidad e ineficacia total” de la asamblea programada para el 17 de octubre, donde se planeaba no solo la continuidad de Tapia, sino también la suspensión de los descensos y el traslado de la sede a la provincia.
Este enfrentamiento se desarrolla en un contexto donde la política y los negocios se entrelazan, y la IGJ ha dejado claro que el organismo se opone a que la AFA extienda su mandato más allá de lo permitido por la Ley del Deporte. Según la IGJ, “la AFA debe cumplir estatutariamente” y no puede modificar las reglas a su antojo, una situación que pone en jaque la legitimidad de la asamblea prevista.
La resolución fue notificada al juez Christian Ricardo Pettis, quien está a cargo de un caso iniciado por el tesorero Pablo Toviggino para evitar la intervención de la IGJ. A medida que se acerca la fecha de la asamblea, la presión aumenta sobre Tapia, quien debe decidir si acata la resolución o arriesga enfrentarse a cargos penales por desobediencia. “La batalla ahora se traslada a la Justicia”, afirmaron fuentes cercanas a la AFA, lo que sugiere que las decisiones tomadas en el ámbito judicial definirán el futuro inmediato del fútbol argentino.
En este panorama, la posibilidad de que Tapia desafíe la decisión de la IGJ plantea serias implicancias legales. Si se lleva a cabo la asamblea sin el visto bueno del organismo, tanto él como otros miembros podrían enfrentar sanciones bajo el Código Penal. La situación es compleja y cualquier movimiento en falso podría desencadenar una intervención por parte del Gobierno, lo que podría reconfigurar el liderazgo en la AFA y cambiar el rumbo del fútbol argentino.
