El Gobierno nacional renovó la intervención de la
Obra Social de Vareadores (OSV) por el término de 180 días, debido a las irregularidades detectadas tras la auditoría realizada y con el objetivo de una "normalización" de la entidad.
La medida quedó firme luego de la publicación del decreto 905/2024, en el Boletín Oficial, a través del cual también ratifican a
Alberto José Curci Castro como interventor de la obra social, “con las facultades de administración y ejecución que el estatuto del agente del seguro de salud le otorga al Consejo Directivo de dicha entidad”.
En línea con la normativa, Curci Castro “deberá elevar a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Salud, un informe mensual de su gestión, tendiente a la normalización de la citada Obra Social, con el detalle de la situación institucional de la entidad y su evolución administrativa y prestacional”. Así, el Gobierno renovó el proceso de intervención que había sido dispuesto en la resolución 1999/2024, publicada a finales de agosto.
Entre sus argumentos, el Ejecutivo sostiene que la Gerencia Operativa de Subsidio por Reintegros advirtió que “la obra social incumplió con la presentación de la documentación respaldatoria prestacional, y detectó irregularidades en la carga de los códigos de prácticas efectuadas ante el Mecanismo Integración” en lo relacionado con las prestaciones brindadas a las personas con discapacidad.
A su vez, mencionaron que la OSV “
no posee equipo interdisciplinario conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley del Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad y su modificatoria, no efectúa auditorías en terreno a prestadores, y detectó importantes deficiencias de control interno en virtud del alto incumplimiento en la presentación de los Informes Detallados de Aplicación de Fondos (IDAF)”. “El agente del seguro de salud continúa sin conformar equipos interdisciplinarios para la evaluación y seguimiento de los tratamientos de discapacidad, salud metal y adicciones, incumplimiento detectado en auditorías anteriores”, suma el decreto en su considerando.
El Gobierno remarcó, además, que la OSV “no desarrolla programas preventivos, no efectúa campañas de vacunación, no posee un vademécum propio y la medicación de alto costo es provista por diferentes droguerías por compra directa, entregando la medicación a los afiliados en forma directa”. También remarcaron que, en el periodo 2020-2021, se registró un aumento de la población beneficiaria y un marcado descenso de beneficiarios en el lapso 2023-2024, en su mayoría en la categoría de “optantes”. Esta cifra representa el 86% de sus afiliados.
La OSV había comenzado a ser investigada en 2020 por un presunto caso de estafa que recayó en la jurisdicción del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, Secretaría N°4, que se encuentra en pleno proceso de recolección de pruebas. Esto,
llevó a que fuera inhabilitada para ser receptor de nuevos beneficiarios ante las sospechas de que estos hubieran sido traspasados o captados de forma indebida.
En agosto, el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, aseguró: “Estamos reordenando el sistema. Lo que estamos buscando es la libre competencia y, sobre todo, la libertad para que los trabajadores puedan elegir a dónde derivar sus aportes”.
