Con el impulso del acompañamiento al veto del presidente Javier Milei a las universidades en el Congreso y mientras se debate en comisiones el
Presupuesto 2025, el Gobierno anunció el envío de la esperada “
Ley Hojarasca”, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que busca la eliminación o reforma de decenas de normas vigentes.
Según adelantó Sturzenegger en redes sociales,
a lo largo de los siguientes días se irán explicando algunas de las medidas que se buscará derogar y que provienen de los gobiernos constitucionales de Isabel Perón; Juan Domingo Perón; Néstor Kirchner; Agustín Justo; Raúl Alfonsín; Arturo Illia; Arturo Frondizi; Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Cámpora. Y también, las aprobadas durante las dictaduras de Agustín Lanusse; Juan Carlos Onganía; Jorge Rafael Videla; Reynaldo Bignone; Edelmiro Farrell; José Uriburu y Raúl Lastiri.
Entre los ejemplos, el ministro señaló nueve de las leyes que intentará borrar, entre las cuales están la 14.034, que prohíbe la defensa de los derechos humanos de argentinos en foros internacionales; la 20.120, que habilita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos; la 22.875, que le permite al Poder Ejecutivo exigirles a empresas privadas la relocación, y la 22.964, sobre el confinamiento forzoso de enfermos de Lepra.
Mientras la Ley de Hojarasca recién empieza a ser impulsada, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que encabeza José Luis Espert, ya se convocó a una nueva reunión para el próximo martes, para seguir analizando el proyecto que el propio presidente Javier Milei presentó semanas atrás en el Congreso.
Para esa jornada, está previsto que expongan, primero, la ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, y el director ejecutivo de la ANSeS,
Mariano de los Heros, después, que se sumarán a una lista de varios integrantes del Gabinete que fueron y seguirán yendo al recinto para defender la fórmula propuesta por el jefe de Estado.
No obstante, desde el oficialismo si bien consideran que tienen los números como para aprobar la rendición de gastos del 2025,
no les preocupa que el Congreso se la rechace, ya que eso les permitiría prorrogar una vez más la ley de noviembre del 2022 (que fue la última que se sancionó, ya que Alberto Fernández no discutió una nueva en el 2023, por estar en pleno año electoral).
Según consignó Infobae, desde Balcarce 50 reconocen que se trata de una negociación muy extensa, que “podría demorar entre tres y cuatro semanas más para alcanzar dictamen”, lo cual dependerá también de si el resto de los espacios buscarán o no incluir modificaciones en el financiamiento universitario previsto, tras el veto presidencial a la ley que establecía un aumento para los docentes.
