En el marco del conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas por el veto a la ley que buscar asegurar su financiamiento, cuyo DNU se publicó este jueves, en las últimas horas se dio a conocer una noticia que busca aumentar los ingresos de las altas casas de estudio. Se trata del arancelamiento de la universidad pública a extranjeros, quienes hoy suponen buena parte de la nómina de alumnos, pero muchos de ellos no se quedan en el país tras graduarse.
El proyecto será enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en los próximos días para cumplir con la que fue una de las promesas de campaña de Milei respecto de la educación pública superior. Esta surge en el marco del conflicto con las universidades públicas por su desfinanciamiento y a dos días de la marcha masiva en la que se reclamó por el cuidado de la educación superior estatal.
Sin embargo, pocas horas después de su finalización, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto donde vetó la ley aprobada por el Congreso que buscaba reforzar el financiamiento universitario, la cual ahora deberá volver al Legislativo.
La propuesta de arancelamiento correría únicamente para los extranjeros no residentes en el país, ya que quienes hayan tramitado su residencia seguirán gozando de la gratuidad en las universidades estatales. Cabe señalar que el cobro de un arancel a los estudiantes extranjeros en las universidades públicas fue incluido como proyecto en la Ley Bases, pero la propuesta se cayó durante las negociaciones para su aprobación en el Congreso.
En realidad, este cambio estaría incluido en un amplio proyecto de reforma educativa que el Gobierno planea enviar al Congreso, entre los que también se incluye una modificación de los criterios para distribuir los recursos a las diferentes casas de altos estudios. A futuro, se tendría en cuenta la relación entre cantidad de alumnos y graduados.
PRINCIPALES PUNTOS DE LA PROPUESTA
Según detallaron desde el Gobierno, los principales ejes de la propuesta de reforma del sistema educativo que se enviará al Congreso son:
- Examen al finalizar la educación secundaria: se busca fortalecer la política de evaluación Aprender.
- Educación a distancia: eliminación de restricciones para el ciclo orientado de nivel secundario e implementación de la enseñanza híbrida desde el segundo ciclo de nivel primario, además de la educación presencial obligatoria.
- Ciclo pedagógico para docentes: se buscará garantizar que todos los profesionales que ingresen a la docencia completen un ciclo pedagógico.
- Evaluación docente: establecer una evaluación a los docentes en un período no mayor a 4 años, además de un fortalecimiento de la formación continua.
- Aprobación de educación secundaria: se exigirá haber aprobado la educación secundaria para poder acceder a la enseñanza de grado en el nivel superior.
- Cursos de nivelación y exámenes de ingreso: las universidades deberán ofrecer estos recursos, pero no tendrán un carácter selectivo excluyente.
- Principios para la asignación de recursos: se definirán principios básicos para la distribución de recursos en las universidades.
- Aranceles para estudiantes extranjeros: las universidades podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes.
- Evaluaciones externas universitarias: se realizarán dentro de los primeros 6 años a partir de la normalización (universidades públicas) y el reconocimiento provisorio (universidades privadas), repitiéndose cada 10 años.
- Recaudación de fondos: se incentivará a las instituciones escolares a recaudar fondos con el consentimiento de las autoridades, así como a recibir contribuciones de particulares, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
- Educación técnica: se establecerá una duración equivalente o máxima de un año adicional a la duración del nivel secundario en cada jurisdicción.
