El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, consiguió asestar un golpe clave a las empresas de luz, gas y agua en el marco de los tarifazos que les habilitó el presidente Javier Milei, al conseguir que la Justicia haga lugar a una medida cautelar que ordena a las firmas, en todo el territorio del municipio, no efectuar cortes de servicio por falta de pago hasta tanto se resuelva fijar tarifas accesibles, considerada la cuestión de fondo.
El amparo para proteger a las familias, parroquias, templos evangélicos, comercios, clubes de barrio, empresas, jubilados, trabajadores y profesionales de La Matanza, fue presentado por Espinoza junto con entidades de defensa del consumidor y fuerzas vivas del distrito.
Ahora, al haber obtenido el respaldo del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 1, a cargo del juez Federico José Gallo Quintian, se transformó en una medida cautelar.
El pedido del jefe comunal, al que accedió la Justicia, se sostiene en que, de acuerdo con investigaciones del Conicet y de la UBA, las tarifas aumentaron este año, a expensas de lo que el gobierno nacional libertario les permitió, en promedio un 370%, es decir, cuatro veces más que la inflación
Los tarifazos dispuestos a lo largo del año por las empresas energéticas y de agua, como parte de la política de Milei para quitar subsidios y reducir el déficit fiscal perjudicando a la gente, hicieron que la mayoría de los usuarios cayera en situación de Pobreza Energética, es decir que las tarifas insumen más del 10% del ingreso, con facturas que han aumentado hasta el 1000%.
A partir de los anuncios de aumentos y de que comenzaron a llegar las facturas, creció el reclamo de la comunidad, expresado en las multitudinarias asambleas realizadas por la Multisectorial de La Matanza, en las que los curas, pastores evangélicos, docentes, empresarios, trabajadores, comerciantes, entidades de defensa del consumidor y profesionales, junto con el municipio, coordinaron la presentación judicial para oponerse a estas políticas violentas que empobrecen a la mayoría de la población y atentan directamente sobre el aparato productivo y el nivel de actividad.
A partir de la decisión judicial, las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro bajo ninguna circunstancia, incluida la imposibilidad de pago por los montos exorbitantes que están llegando con las facturas.
El reclamo del Municipio de La Matanza avanza sobre la cuestión de fondo, que es establecer tarifas acordes con las posibilidades de pago de los usuarios, muy afectadas por las políticas de recesión y de pérdida de ingresos de la enorme mayoría de la población, lo que se vio reflejado en un aumento de más de 11 puntos en los índices de pobreza en sólo los primeros seis meses de la presidencia de Milei.
