El Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) manifestó su
“profunda preocupación ante la amenaza latente de desfinanciamiento de la educación universitaria pública e investigación”, al tiempo que rechazó el veto presidencial y exhortó a diputados y senadores a ratificar la ley de financiamiento universitario.
En un comunicado, los magistrados remarcaron que
“la educación pública iguala y es un motor esencial de la movilidad social ascendente”. Y recordaron el mensaje del papa Francisco, quien llamó a evitar la “cultura del descarte” y la “catástrofe educativa”. Además señalaron que
“debemos educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados”.
Los jueces señalaron que Francisco
“destaca el valor de la educación como un instrumento para encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso; para que estén verdaderamente al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral”.
En ese sentido, afirmaron que
“el presupuesto debe ser entendido como un instrumento esencial para el desarrollo social y el futuro de nuestras/os jóvenes”. Y que, en cambio, “no debe ser visto por quienes ejercen la conducción del país como un gasto sino como una inversión”. Parafraseando a Francisco, subrayaron que
“la educación es ‘el antídoto natural de la cultura individualista que a veces degenera en un verdadero culto al yo y la primacía de la indiferencia’”.
El Capítulo Argentina de Copaju concluyó que
“el respeto y fortalecimiento de la educación pública e investigación es clave para la inclusión social, el desarrollo de nuestro pueblo y de la democracia”.
La Comisión Directiva del Capítulo Argentina de Copaju está encabezada por el coordinador César Raúl Jiménez, juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, Misiones; el vicecoordinador Roberto Carlos Pompa, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; el secretario Maximiliano Francisco Benítez, defensor general de la provincia de Entre Ríos; y las y los vocales María Alejandra Villasur García, jueza de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones del Consumo (CATyRC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); Mariana Beatriz Pucciarello, defensora ante la Cámara de Apelaciones del fuero CATyRC de CABA; Rómulo Rubén Abregú, asesor de incapaces de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires; y Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero CATyRC de CABA.
